Procesan a dos agentes de investigación de la fiscalía mexiquense por secuestro exprés con fines de extorsión

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de Alfredo “N” y Lourdes “N”, quienes se habrían desempeñado como agentes de investigación de la propia institución. Ambos son investigados por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en el municipio de San José del Rincón.

Hechos investigados

Según la información oficial, los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2026. La víctima se encontraba en un restaurante cuando fue interceptada por los presuntos responsables.

La investigación señala que, mediante amenazas, obligaron a la víctima a subir a su propio vehículo. Lourdes “N” habría permanecido con la persona afectada, mientras Alfredo “N” seguía la unidad en otro automóvil. Posteriormente, la víctima fue trasladada con el objetivo de obligarla a entregar su vehículo.

Uso de identidad institucional

Uno de los puntos centrales del caso es que, al momento de su detención, los implicados se ostentaron como agentes de la Policía de Investigación de la FGJEM.

De acuerdo con la Fiscalía, presentaron identificaciones y distintivos que pretendían acreditar su pertenencia a corporaciones de seguridad, incluyendo una credencial de una dependencia federal y un gafete municipal. Sin embargo, también se localizó indumentaria con siglas institucionales que no correspondía al uniforme oficial, lo que refuerza la línea de investigación sobre el uso indebido de insignias.

Detención y actuación policial

El acompañante de la víctima alertó a la policía municipal, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda. Los presuntos responsables fueron detenidos en una comunidad cercana, donde mantenían retenida a la víctima.

Este operativo permitió la liberación de la persona afectada y la puesta a disposición de los imputados ante las autoridades correspondientes.

Situación jurídica

Tras ser presentados ante el Ministerio Público, se integró la carpeta de investigación y posteriormente una autoridad judicial determinó su vinculación a proceso.

Se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

 


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