La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos personas fueron sentenciadas a 78 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y homicidio en grado de tentativa, relacionados con hechos ocurridos en el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el 15 de abril de 2024, cuando un operador de transporte de carga conducía un tractocamión acoplado a un remolque que trasladaba mercancía con un valor comercial aproximado de 673 mil pesos. La unidad era escoltada por un guardia de seguridad privada que viajaba en un vehículo sedán.

Mientras ambos vehículos circulaban por el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia Jardines del Alba, fueron interceptados por otro automóvil que les cerró el paso. La intención, según la investigación, era despojar al conductor del tractocamión de la unidad y de la mercancía que transportaba.

Durante el incidente, uno de los ahora sentenciados habría empujado al guardia de seguridad hacia el arroyo vehicular, provocando que fuera atropellado por un tractocamión que circulaba por la vía. Como consecuencia del impacto, el guardia sufrió lesiones graves que derivaron en la amputación de una extremidad inferior.

Posteriormente, los agresores lograron bajar al conductor del vehículo de carga y huyeron del lugar. Sin embargo, fueron detenidos más tarde por policías municipales, luego de ser alertados sobre los hechos, cuando presuntamente realizaban maniobras relacionadas con el enganche y desenganche de la mercancía en una zona industrial del mismo municipio.

Tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público acreditó la participación de Edgar Octavio Landeros Reyes y Jonathan Pérez León en los delitos señalados. Un juez con sede en Cuautitlán Izcalli dictó la sentencia de 78 años y ocho meses de prisión para ambos, además de imponerles una multa superior a 652 mil pesos.

La FGJEM señaló que esta resolución forma parte de las acciones legales emprendidas para sancionar delitos de alto impacto relacionados con el robo y la violencia contra operadores de transporte en la entidad.