El proceso judicial contra dos hombres detenidos en Naucalpan de Juárez dio un giro relevante luego de que se estableciera que los imputados sí eran custodios de una empresa de traslado de valores y que el dinero asegurado no tenía un origen ilícito, de acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia inicial.

La defensa presentó documentación que acredita que los 37 millones 700 mil pesos en efectivo correspondían a operaciones regulares de la empresa, respaldadas por transferencias bancarias y contratos vigentes con clientes, lo que modificó el enfoque inicial del caso.

Custodios con experiencia y protocolos de seguridad

Durante la audiencia, se confirmó que Iván N., de 37 años, y José N., de 53 años, eran ex militares, con años de experiencia como custodios y se encontraban en funciones al momento de los hechos.

La negativa a descender del vehículo blindado fue explicada como parte de los protocolos de seguridad habituales en este tipo de traslados, diseñados para reducir riesgos ante posibles intentos de asalto.

Detención y aseguramiento, como antecedente del caso

La detención ocurrió el 22 de diciembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un operativo de vigilancia en la avenida Lomas Verdes.

Durante la inspección posterior, realizada en instalaciones del Ministerio Público, se aseguró el efectivo, así como armas de fuego y municiones, las cuales, según la defensa, contaban con los permisos correspondientes.

Postura de la Fiscalía y situación jurídica

Pese a los documentos presentados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostuvo que, al momento de la audiencia, aún era necesario verificar plenamente la trazabilidad del dinero, por lo que el juez determinó como legal la detención.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones para descartar de manera definitiva cualquier irregularidad.

La audiencia de vinculación a proceso, programada para el 26 de diciembre de 2025, será clave para definir si los imputados continúan sujetos a proceso penal o si se modifica su situación jurídica.