Miguel Ángel Beltrán Martínez, un periodista de 60 años con décadas de experiencia en la cobertura local, fue hallado sin vida el sábado 25 de octubre en un paraje rural a las afueras de la capital duranguense. Su muerte, confirmada por la Fiscalía General del Estado de Durango como un homicidio con signos de violencia, ha encendido alertas sobre la vulnerabilidad de los comunicadores que abordan temas sensibles como el narcotráfico y la seguridad pública.

Miguel Ángel Beltrán Martínez

Beltrán Martínez, originario del municipio de Poanas en Durango, desarrolló una carrera que abarcó más de tres décadas en el ámbito informativo. Inicialmente se especializó en reportajes deportivos y temas sociales para diversos medios impresos y digitales locales. Posteriormente asumió roles en la difusión institucional, como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se enfocó en la comunicación sindical. En años recientes optó por el periodismo independiente, gestionando plataformas digitales como la página de Facebook La Gaceta de Durango, dedicada a noticias policiacas y eventos comunitarios, y un canal en TikTok bajo el nombre El Capo, donde compartía observaciones sobre la dinámica cotidiana en la región, incluyendo aspectos relacionados con el crimen organizado.

Su contenido reciente reflejaba un enfoque cada vez más directo en las operaciones del narcotráfico en Durango, un estado con presencia documentada de grupos criminales involucrados en el tráfico de sustancias y disputas territoriales.

Circunstancias del crimen

El periodista fue visto con vida por última vez el jueves 23 de octubre, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Eucaliptos de la ciudad de Durango junto a un familiar para iniciar su jornada laboral. No regresó a casa esa noche, lo que alertó a sus allegados.

Dos días después, la mañana del 25 de octubre, transeúntes descubrieron su cuerpo en el kilómetro 30 de la carretera libre Durango-Mazatlán, en el poblado de Río Chico, municipio de Durango. El cadáver presentaba evidencias de tortura y ejecución, envuelto en una manta y acompañado de un mensaje escrito a mano que rezaba: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

La ubicación del hallazgo —una zona rural estratégica para el tránsito vehicular entre Durango y Sinaloa— se asocia con rutas utilizadas por el crimen organizado. La familia de Beltrán Martínez identificó el cuerpo formalmente el domingo 26 de octubre en las instalaciones forenses estatales. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la causa precisa de la muerte, como evidencias balísticas o peritajes toxicológicos.

En uno de sus últimos materiales, publicado aproximadamente cinco días antes del suceso, Beltrán Martínez analizaba la detención de un operador vinculado a una facción del narcotráfico en la región. En ese contenido expresaba preocupación por posibles escaladas de violencia derivadas de alianzas entre grupos rivales, y cuestionaba la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades locales.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación tras el reporte del hallazgo, asignando el caso a elementos especializados en delitos contra la libertad de expresión. En un comunicado breve emitido el 27 de octubre vía mensaje, la dependencia confirmó la identidad de la víctima y el carácter homicida del suceso, pero omitió referencias al contenido del mensaje hallado o a líneas de pesquisa específicas. No se han reportado detenciones ni identificaciones de sospechosos hasta la fecha.

Reacciones de Organizaciones Periodísticas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó al homicidio, emitiendo un comunicado en el que condena el acto y exige una investigación exhaustiva que priorice el móvil relacionado con la labor profesional de Beltrán Martínez. «El asesinato de este periodista, quien había denunciado públicamente actividades del crimen organizado en días previos, representa un grave retroceso para la libertad de expresión en México», se lee en el documento de la SIP, que urge al Estado mexicano a garantizar que el caso no quede en la impunidad generalizada que afecta aproximadamente al 90 % de estos delitos.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) describió el crimen como un «artero y cobarde atentado contra la libertad de prensa», destacando los indicios de que buscaba silenciar no solo a Beltrán Martínez, sino a la prensa en general. En su declaración del 27 de octubre, el SNRP demanda la captura inmediata de los responsables, la implementación de protocolos de protección para la familia de la víctima y la consideración explícita del involucramiento del crimen organizado en la pesquisa. «No se puede tolerar que se intente callar con violencia a profesionales que ejercen su labor de forma digna», concluye el sindicato, haciendo un llamado a acciones contundentes para restaurar la paz social en la entidad.

La organización internacional Artículo 19, también exigió a la fiscalía de Durango, abordar el crimen bajo el Protocolo Homologado para Investigar Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, además de hacer un llamado al gobierno estatal para condenar los hechos.