El empresario y abogado chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su arresto, ocurrido hace poco más de un mes y revelado esta semana, lo mantiene bajo custodia en el Centro de Detención Krome North, en las afueras de la ciudad.
Aunque la captura se originó por irregularidades migratorias, su nombre está ligado a uno de los mayores casos de presunto desvío de recursos públicos en México. La detención podría allanar el camino hacia una posible extradición solicitada por el gobierno mexicano.
El origen del caso: contratos fantasma por 3 mil millones de pesos
El expediente contra Álvarez Puga se remonta a 2016, cuando, durante la administración federal anterior, se asignaron contratos por más de tres mil millones de pesos para supuestos servicios de seguridad y videovigilancia en prisiones federales.
Los proyectos nunca se concretaron. En cambio, los recursos fluyeron a través de empresas fantasma que emitían facturas falsas para simular operaciones legítimas. De acuerdo con la investigación, el despacho de Álvarez Puga habría facilitado el esquema y cobrado comisiones por sus servicios.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, dentro de la llamada “Operación Querubines”.
Inés Gómez Mont, el rostro mediático del escándalo
La presentadora Inés Gómez Mont, esposa de Álvarez Puga, también figura en el caso. En 2021, ambos abandonaron México tras la emisión de órdenes de aprehensión y una alerta roja de Interpol.
Desde entonces, la pareja residió en Estados Unidos, donde mantenía un alto perfil en redes sociales y propiedades en Florida, pese a las acusaciones. Gómez Mont ha negado su participación, alegando que su esposo manejaba las finanzas, aunque las autoridades mexicanas han congelado cuentas y bienes vinculados a su nombre.
Actualmente, su paradero es incierto. Algunas versiones apuntan a que podría permanecer en territorio estadounidense, evitando la exposición pública.
Fuentes oficiales en Estados Unidos confirmaron que Álvarez Puga ha solicitado asilo político, recurso que podría retrasar su extradición. No obstante, la FGR busca acelerar los trámites diplomáticos para su regreso a México.
Mientras tanto, el caso mantiene la atención de la opinión pública por sus posibles conexiones con funcionarios y empresarios de alto nivel, y por lo que revela sobre las fallas estructurales en el control del gasto público.
