La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Agustín Gildardo Bringas Álvarez por el delito de secuestro.
De acuerdo con la dependencia, el sentenciado participó en la privación de la libertad de un hombre el 11 de mayo de 2024 en la colonia Centro de Santo Tomás, junto con otras dos personas presuntamente vinculadas a un grupo criminal con presencia en la región. El objetivo, según las investigaciones, fue presionar a una candidata a la presidencia municipal para que renunciara a su postulación en la contienda electoral de ese año.
La víctima fue liberada el 5 de junio de 2024 en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, sin que se realizara pago de rescate. No obstante, el 22 de mayo la aspirante había anunciado públicamente su retiro de la contienda electoral.
Tras los trabajos de investigación de gabinete y de campo, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Bringas Álvarez, la cual fue cumplimentada por agentes de la institución. Posteriormente, un juez con sede en Tenango del Valle dictó sentencia condenatoria, que incluye además el pago de una multa de 542 mil 850 pesos, reparación del daño moral por 93 mil 600 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La resolución forma parte de las acciones de la Operación “Enjambre”, implementada por la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para desarticular estructuras delictivas en Santo Tomás.
Dentro de estas acciones, la Fiscalía también ha detenido a Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, ex funcionario público y presidente municipal electo para el periodo 2025-2027, acusado de ordenar amenazas contra la candidata para forzar su renuncia. “Wicho” fue detenido en febrero de 2025 en Valle de Bravo y se encuentra vinculado a proceso por extorsión.
Asimismo, en enero fue detenida María del Rosario “N”, ex presidenta municipal de Santo Tomás, investigada por su probable participación en un caso de extorsión en complicidad con su esposo Pedro Luis “N” y otro individuo.
La FGJEM destacó que estas acciones buscan desmantelar presuntas redes de protección institucional a grupos delictivos con orígenes en Michoacán y garantizar condiciones de seguridad y legalidad en el municipio.
