Un nuevo capítulo se suma a la investigación sobre una red de huachicoleo fiscal en México, tras el hallazgo del cuerpo sin vida este lunes de un capitán de la Marina en el puerto de Altamira. El hecho, catalogado como presunto suicidio, reaviva las tensiones en torno a un caso que ha sacudido a la Secretaría de Marina (Semar) y al sistema de aduanas del país.
Las pesquisas apuntan a una red de corrupción que involucra a altos mandos navales, empresarios y exfuncionarios. La muerte de hoy se suma al asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024, otro episodio clave en la indagatoria.
El hallazgo de hoy en Altamira
El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado muerto dentro de una camioneta oficial en las instalaciones portuarias.
De acuerdo con las autoridades, el deceso habría sido un suicidio con arma de fuego. Pérez Ramírez, con más de 25 años de servicio, estaba bajo investigación por presuntamente permitir la descarga de combustible ilegal en el puerto de Tampico a cambio de sobornos de 100 mil pesos, según un testigo protegido.
Aunque no existía una orden de aprehensión en su contra, su nombre aparecía en una carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación con la red de contrabando de hidrocarburos.
La Semar lamentó el fallecimiento, expresó condolencias a la familia y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer el caso. La FGR realiza peritajes para confirmar que se trató de un suicidio y descartar otras hipótesis.
Antecedente: el asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar
El caso recuerda el homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Guerrero fue atacado por sicarios en motocicleta, presuntamente debido a sus denuncias sobre irregularidades en los puertos de Tampico y Altamira.
En una carta fechada el 14 de junio de 2024, Guerrero informó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre designaciones manipuladas en aduanas para facilitar operaciones ilícitas. Tras reunirse con el nuevo titular de la Semar, Raymundo Morales, fue asesinado durante un periodo de licencia.
El ataque compartió características con el homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, ocurrido en octubre de 2024. Ambos crímenes fueron cometidos con armas calibre 9 mm y el mismo modus operandi. La FGR investiga si los asesinatos buscaban silenciar a denunciantes de la red de corrupción.
El trasfondo del huachicoleo fiscal
El huachicoleo fiscal consiste en importar combustibles evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en 2025 oscila entre 5.4 y 7 pesos por litro. La operación se logra mediante documentación falsa para declarar los productos como aditivos o lubricantes.
En marzo de 2025, autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, junto con 192 contenedores y 32 vehículos. Otro decomiso de 8 millones de litros en Ensenada, Baja California, también está bajo investigación.
La FGR identifica como presuntos líderes de la red a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El primero fue detenido el 2 de septiembre de 2025; el segundo permanece prófugo. Empresarios como los dueños de la empresa Intanza y exfuncionarios de aduanas también figuran como implicados.
Avances de la investigación
Desde 2023, la investigación ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas. Más de 200 objetivos siguen bajo indagatoria.
Las autoridades destacan la coordinación entre la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá impunidad y el fiscal general Alejandro Gertz Manero asegura que la investigación alcanzará a todos los responsables.
