La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que siete personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en diversos delitos, principalmente extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, tras ser detenidas en el marco del operativo conjunto denominado “Liberación”, realizado el pasado 21 de julio en varios municipios del sur del Estado de México.

Entre los imputados se encuentran Gonzalo «N», presunto líder del sindicato «Bradosva»; Yareli «N», quien hasta su detención se desempeñaba como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal; y Jorge «N», vinculado al comercio de madera en Valle de Bravo.

A ellos se suman Antonio «N», presuntamente relacionado con la distribución de carne en la región; Alicia «N» y José Fernando «N», investigados por imponer precios y condiciones en la venta de madera; así como Eli «N», dueño de un almacén de materiales de construcción en Valle de Bravo.

Las investigaciones apuntan a que los imputados formaban parte o colaboraban con grupos criminales que ejercían control sobre distintas cadenas económicas, imponiendo cuotas fijas, amenazas o restricciones para obligar a comerciantes locales a adquirir productos o servicios en lugares específicos, bajo condiciones abusivas.

Uno de los casos destacados es el de Gonzalo «N», a quien se le atribuye haber exigido pagos de hasta 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada entrega de material en la zona de Valle de Bravo. Por su parte, Yareli «N» es señalada por presuntamente participar en la privación de la libertad de un comerciante a quien habría intimidado para obligarlo a pagar una suma de dinero bajo amenaza de represalias.

En el caso más reciente, la Fiscalía logró también la vinculación a proceso de Eli «N», quien presuntamente utilizaba su negocio para obligar a otros comerciantes a adquirir materiales exclusivamente en su establecimiento. De acuerdo con la indagatoria, habría participado en el secuestro exprés de un proveedor al que exigió pagos periódicos a cambio de permitirle continuar con sus actividades.

Todos los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa, medida ratificada por las autoridades judiciales, mientras transcurre el periodo de investigación complementaria. En el caso de Eli «N», este plazo será de seis meses; para los demás, se fijó un término de dos meses, que concluirá el próximo 23 de septiembre.

Las acciones de la Operación “Liberación” fueron coordinadas por instancias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión, la Secretaría de Seguridad estatal y la FGJEM.

Las autoridades recordaron que todas las personas involucradas deben ser consideradas inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria. En caso de acreditarse su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión o incluso cadena perpetua por los delitos imputados.

Aún está pendiente de resolverse la situación jurídica de una persona más, cuya audiencia se realizará este lunes 28 de julio.