Los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, junto con su representante y promotor, fueron vinculados a proceso en Jalisco por el delito de apología del delito. Este caso, que ha generado controversia, está relacionado con presentaciones donde la agrupación interpretó narcocorridos y proyectó imágenes de líderes de cárteles, incluyendo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Joaquín Guzmán, alias «El Chapo», del Cártel de Sinaloa.

El proceso legal inició tras un concierto el 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, donde los músicos interpretaron canciones como «El dueño del palenque» y proyectaron imágenes de figuras asociadas al crimen organizado.

Estas acciones fueron señaladas por la Fiscalía de Jalisco como posibles actos de apología del delito, un delito contemplado en el artículo 142 del Código Penal del estado, que sanciona la incitación pública a cometer un delito o su glorificación, con penas que pueden ir de uno a seis meses de prisión.

La Fiscalía abrió cuatro carpetas de investigación contra la agrupación por presentaciones en los municipios de Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde se habrían repetido conductas similares. El 6 de mayo de 2025, los músicos, su representante y su promotor fueron imputados, y la Fiscalía solicitó su vinculación a proceso y prisión preventiva justificada. Sin embargo, la defensa pidió una ampliación de 144 horas para preparar sus argumentos, por lo que la audiencia clave se llevó a cabo este lunes.

Fue en los juzgados del Penal de Puente Grande, que un juez determinó este 12 de mayo la vinculación a proceso de los cuatro integrantes de Los Alegres del Barranco, así como de su representante y promotor. Contrario a la solicitud de la Fiscalía, no se impuso prisión preventiva.

En su lugar, se establecieron las siguientes medidas cautelares: Prohibición de salir del estado de Jalisco, salvo para cumplir con tres compromisos musicales previamente agendados; presentación semanal ante el juzgado para firmar y una garantía económica de 1.8 millones de pesos, equivalente a 300 mil pesos por cada imputado.

Estas medidas permiten a los músicos continuar con sus actividades mientras el proceso legal avanza. La agrupación no enfrenta prisión en este momento, y su situación jurídica dependerá del desarrollo de las investigaciones y las audiencias futuras.