La Cámara de Diputados aprobó este 30 de septiembre de 2025, por unanimidad de 401 votos, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta y el suministro de bebidas energizantes a personas menores de 18 años. La medida, considerada de interés sanitario, busca proteger a la población infantil y juvenil frente al consumo de productos con altos niveles de cafeína y otras sustancias estimulantes.
La iniciativa fue presentada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, y contó con el respaldo de las distintas fracciones parlamentarias. Previamente, el 24 de septiembre, la Comisión de Salud había avalado el dictamen, lo que permitió llevarlo al Pleno para su discusión y votación.
La reforma modifica los artículos 215, 216 y 419 de la Ley General de Salud, en los que se definen las bebidas energizantes como aquellas no alcohólicas adicionadas con cafeína, taurina, glucoronolactona, tiamina u otras sustancias estimulantes, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana y estándares internacionales.
Entre los cambios más relevantes se establece la obligación de la Secretaría de Salud de clasificar este tipo de bebidas en distintas categorías, emitir alertas sanitarias, fijar restricciones para el consumo en menores de edad y coordinar campañas informativas con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo de Salubridad General. Estas medidas deberán ponerse en marcha en un plazo máximo de 12 meses.
El dictamen también impone la prohibición expresa de vender bebidas energizantes a menores en cualquier establecimiento, lo que implica la verificación obligatoria de edad mediante identificación oficial. El incumplimiento será sancionado con multas que podrían alcanzar hasta 2,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
El documento fue enriquecido con reservas de Monreal en colaboración con Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, con el propósito de armonizar la legislación con estándares internacionales y reforzar la política de salud pública del gobierno federal.
Tras su aprobación en San Lázaro, la propuesta fue turnada al Senado de la República para su análisis y votación.
