En Villahermosa, Tabasco, un indignante caso de violencia escolar ha sacudido a la opinión pública y puesto en el centro del debate la inacción de las autoridades educativas frente al acoso y la discriminación. Sofía, una niña con autismo que cursa sus estudios en la Escuela Secundaria Federal Número 3 «Alfonso Caparroso Santamaría», fue brutalmente agredida por una compañera en el patio de la institución, un acto que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Lejos de recibir justicia o protección, la respuesta de la escuela fue cambiar de turno a la víctima, dejando impunes a los responsables y evidenciando una preocupante omisión en el manejo de este tipo de situaciones.

El incidente ocurrió en un contexto que, según testimonios de padres de familia y vecinos, no fue aislado. Sofía, quien además de autismo padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ha sido víctima de bullying de manera recurrente. En el video que circula en plataformas digitales, se observa cómo una compañera la golpea con las rodillas, la jala del cabello y la tira al suelo, mientras otros estudiantes, en lugar de intervenir, graban la escena, se ríen y alientan la agresión.

Lo más alarmante es la ausencia total de maestros o personal de la escuela durante el ataque, lo que refleja una falta de supervisión y protocolos efectivos para garantizar la seguridad de los alumnos, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad como Sofía.

La madre de la menor, Emilia de los Santos Magaña, ha denunciado que no es la primera vez que su hija sufre este tipo de violencia. A pesar de las quejas previas, la institución no tomó medidas para frenar el acoso ni para sancionar a los agresores. Esta situación pone en evidencia un problema estructural: la falta de preparación y sensibilidad del personal educativo para atender las necesidades de estudiantes con discapacidades, quienes, según estudios, son hasta cuatro veces más propensos a sufrir bullying que sus pares sin estas condiciones.

Tras la difusión del video y la presión de los padres de familia, la respuesta de las autoridades escolares fue tan indignante como el acto en sí: en lugar de sancionar a la agresora o implementar medidas para proteger a Sofía, decidieron cambiarla de turno al vespertino. Para formalizar esta decisión, hicieron firmar un documento a Emilia, quien reveló que no sabe leer ni escribir, lo que añade una capa más de abuso y manipulación a este caso. Esta medida no solo traslada la carga a la víctima, sino que envía un mensaje claro: en esta escuela, los agresores quedan impunes y las víctimas son las que deben adaptarse.

La comunidad escolar y los padres de familia han calificado esta acción como una omisión grave y una muestra de indolencia. En lugar de abordar el problema de raíz —sancionando a la agresora, ofreciendo apoyo psicológico a Sofía y capacitando al personal para prevenir futuros casos—, la dirección optó por una solución superficial que no resuelve la violencia ni protege a los estudiantes más vulnerables. Esta decisión ha sido ampliamente criticada como una violación al principio del interés superior del menor, consagrado en la legislación mexicana y en tratados internacionales.

El caso de Sofía no es un incidente aislado en la Secundaria Federal Número 3. Otros padres han reportado casos de violencia, como el de un estudiante que actualmente está hospitalizado tras ser golpeado en la cabeza por un compañero. A pesar de estas señales de alerta, la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) ha tardado en pronunciarse y, hasta el momento, sus acciones se han limitado a comunicados genéricos sobre la activación de protocolos de atención al acoso escolar. Sin embargo, no se han especificado sanciones concretas contra los responsables ni medidas estructurales para garantizar la seguridad en el plantel.

La SETAB informó que se formó un equipo multidisciplinario para brindar atención psicológica, pedagógica y jurídica, pero estas medidas llegan tarde y no abordan la impunidad de los agresores ni la necesidad de políticas preventivas. La falta de capacitación del personal educativo en temas de discapacidad y bullying, sumada a la ausencia de protocolos claros y efectivos, deja a estudiantes como Sofía en una situación de desamparo. Este caso pone en evidencia una falla sistémica en el sistema educativo mexicano, donde la protección de los derechos de los niños con discapacidades sigue siendo una asignatura pendiente.

La indignación ha llevado a los padres de familia a tomar medidas drásticas. Este 7 de marzo de 2025, cerraron las instalaciones de la secundaria en protesta, exigiendo la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la SETAB. Demandan sanciones para los agresores, apoyo real para Sofía y su familia, y la implementación de programas de prevención que contemplen las necesidades específicas de estudiantes con autismo.

El caso de Sofía no solo es un llamado de atención sobre la violencia escolar, sino también sobre la necesidad de una educación inclusiva que proteja a los más vulnerables. Las autoridades educativas de Tabasco y del país tienen la obligación de actuar con firmeza y sensibilidad, sancionando a los responsables y asegurando que ningún niño o niña tenga que pagar el precio de la indiferencia institucional. Mientras tanto, Sofía y su familia esperan justicia, en un sistema que, por ahora, parece haberles dado la espalda.