El Senado de la República recibió este martes la iniciativa presidencial conocida como “Plan B” en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La propuesta busca reformar diversos artículos de la Constitución con el objetivo de reducir privilegios en el servicio público y fortalecer la participación ciudadana, particularmente mediante cambios en la figura de la revocación de mandato.
La iniciativa fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, por el enlace de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo Ruiz. Durante el acto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, destacó que se trata de una propuesta orientada a la austeridad y a la democracia participativa.
Un nuevo intento tras reforma fallida
El “Plan B” surge luego de que una reforma electoral más amplia no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a inicios de marzo.
Ese mismo día, en conferencia matutina, la presidenta explicó que esta nueva iniciativa retoma los ejes centrales de la propuesta original, enfocándose en disminuir costos y privilegios dentro del aparato público.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, resumió el objetivo: lograr “menos privilegios y más participación ciudadana”.
Cambios clave en la Constitución
La iniciativa contempla ajustes relevantes en distintos niveles de gobierno:
Límites a salarios y prestaciones
Se refuerza la aplicación del artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más que la titular del Ejecutivo. Además, se prohíben seguros privados financiados con recursos públicos, salvo excepciones legales.
Ajuste presupuestal al Senado
Se plantea una reducción del 15% en su presupuesto para 2026, con el fin de optimizar el gasto.
Tope al gasto de congresos locales
Las legislaturas estatales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto estatal. Los recursos ahorrados deberán destinarse a obra pública.
Reconfiguración de ayuntamientos
Se propone limitar el número de regidores (entre 7 y 15, según población) y eliminar bonos o ingresos adicionales para funcionarios municipales. Los ahorros se quedarían en los propios municipios.
Revocación de mandato más flexible
El ejercicio podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, ampliando las posibilidades actuales.
Además, se establece que consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados electorales no podrán recibir ingresos superiores a la presidencia ni prestaciones adicionales.
Reformas a leyes secundarias
El proyecto también incluye modificaciones a leyes electorales para mejorar procesos y controles:
Conteo de votos más inmediato
El cómputo distrital iniciaría en cuanto llegue el primer paquete electoral, sin esperar días posteriores.
Mayor control en fiscalización
Se permitirían convenios entre autoridades electorales y financieras para vigilar recursos. Se prohíbe el uso de dinero en efectivo o de origen ilícito en campañas.
Transparencia en partidos políticos
Los partidos deberán reportar operaciones en tiempo real, transparentar salarios de dirigentes y respetar topes salariales. También se restringen aportaciones no comprobables o extranjeras.
Inicio del proceso legislativo
La iniciativa ya se encuentra en el Senado y seguirá el trámite legislativo ordinario.
El documento oficial destaca que la propuesta busca eficiencia en el gasto público y fortalecimiento de la democracia directa. Mientras tanto, el Ejecutivo federal ha reiterado su intención de avanzar en la reducción de costos electorales.
El debate apenas comienza y se prevé que la discusión avance en las próximas semanas.
Foto: Presidencia
