El gobierno federal anunció que enviará al Congreso una nueva propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, cuyo objetivo central es reducir los recursos destinados a congresos locales y municipios, además de fortalecer mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular.
La iniciativa, que será remitida el 16 de marzo, también plantea establecer límites al presupuesto de los poderes legislativos estatales y a las regidurías municipales, con la expectativa de generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos.
Ahorro estimado de 4 mil millones de pesos
De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el rediseño del gasto en órganos legislativos locales permitiría reducir costos considerados elevados en distintos congresos estatales.
El Ejecutivo federal estima que el ajuste presupuestal generaría un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos, recursos que —según lo planteado— serían destinados directamente a los estados y municipios.
La propuesta surge en un contexto donde el gobierno federal ha sostenido que existen gastos elevados en la estructura política local, particularmente en congresos estatales y cabildos municipales.
Tope al presupuesto de congresos estatales
Uno de los elementos centrales de la iniciativa consiste en establecer un límite máximo a los recursos asignados a los congresos locales.
Durante la presentación del proyecto se mencionaron ejemplos de costos por legislador en distintas entidades federativas. Entre ellos destacan:
- Baja California, con un costo aproximado de 34.8 millones de pesos por legislador
- Colima, con cerca de 5.1 millones de pesos por legislador
- Morelos, con alrededor de 31.8 millones de pesos por legislador
El planteamiento busca reducir estas diferencias y fijar criterios de gasto que limiten el uso de recursos públicos en los poderes legislativos estatales.
Revisión del número de regidurías en municipios
La propuesta también contempla analizar la cantidad de regidores en los ayuntamientos, una estructura que varía significativamente entre municipios.
Como ejemplo, el gobierno federal mencionó casos como:
- Monterrey, que cuenta con 28 regidores
- Puebla, con 23 integrantes en su cabildo
El objetivo sería establecer criterios que reduzcan o limiten estas estructuras cuando impliquen costos elevados para las finanzas municipales.
Impulso a la participación ciudadana
Además de los ajustes al gasto público, el denominado Plan B de reforma electoral busca reforzar los mecanismos de participación directa, particularmente la consulta popular.
Según lo expuesto por el Ejecutivo, la intención es fortalecer instrumentos que permitan a la ciudadanía participar en decisiones públicas, en paralelo a los cambios propuestos en el financiamiento y funcionamiento de órganos políticos locales.
Continuidad del proyecto de reforma electoral
La presidenta señaló que la nueva propuesta forma parte de los compromisos asumidos previamente para modificar el sistema electoral y revisar el uso de recursos públicos en partidos políticos e instituciones vinculadas al proceso democrático.
El envío de esta iniciativa ocurre después de que el gobierno federal presentó previamente una primera propuesta de reforma electoral, con la que —según el Ejecutivo— se buscaba atender demandas ciudadanas relacionadas con la reducción de gastos y privilegios dentro del sistema político.
De ser aprobada, la reforma implicaría cambios en la asignación de recursos a congresos estatales, ayuntamientos y mecanismos de participación ciudadana, con impacto directo en la organización política a nivel local en todo el país.
