La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó, por unanimidad, un amparo que protegía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y con ello reactivó la orden de aprehensión emitida en 2022 en su contra.
La decisión, tomada este martes, permite que se ejecute la orden por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de investigaciones federales iniciadas hace más de cinco años.
Origen del caso: denuncias financieras y desafuero
El expediente comenzó en julio de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades financieras, entre ellas triangulación de recursos y lavado de dinero.
En abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó su desafuero. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la medida, lo que le permitió continuar en el cargo mientras se resolvían controversias constitucionales.
En agosto de 2022, la SCJN resolvió una controversia que frenó temporalmente cualquier intento de detención mientras aún era gobernador. No obstante, en octubre de ese año un juez federal giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En febrero de 2024 se emitió una segunda orden, que añadió el delito de defraudación fiscal.
Amparos, candidaturas canceladas y nuevas investigaciones
Entre 2023 y 2025, el exmandatario promovió diversos amparos que limitaron diligencias relacionadas con la revisión de sus finanzas y propiedades en la Ciudad de México y Tamaulipas.
En noviembre de 2023, la Primera Sala de la SCJN le concedió un amparo que restringía el acceso a información fiscal vinculada con la adquisición de un inmueble valuado en más de 14 millones de pesos.
En abril de 2024, el Partido Acción Nacional perdió la candidatura federal que impulsaba para él, luego de que el Tribunal Electoral revocara su postulación debido a las órdenes de aprehensión vigentes.
Para enero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas había emitido órdenes contra exfuncionarios de su administración, en investigaciones que también lo mencionan por presunta evasión fiscal y otros delitos.
El fallo de 2026 y sus efectos inmediatos
El Pleno de la SCJN resolvió ahora rechazar el amparo en revisión promovido contra la orden de 2022. Los ministros concluyeron que el juez de control valoró correctamente los datos de prueba presentados por la FGR, por lo que no existe impedimento judicial para ejecutar la captura.
La resolución fortalece además la vigencia de la orden emitida en 2024, relacionada con presuntas operaciones ilícitas que alcanzarían un monto estimado de 105 millones de pesos.
Días antes del fallo, un juzgado federal en Tamaulipas negó otro amparo promovido por el exgobernador y familiares cercanos contra las mismas órdenes.
En paralelo, la FGR solicitó la emisión de ficha roja ante la Interpol y formalizó una petición de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, país donde reside actualmente.
Situación jurídica actual
Con la revocación del amparo, ambas órdenes de aprehensión permanecen activas. Las autoridades mexicanas pueden proceder a la captura si el exgobernador regresa al país o si prospera la solicitud de extradición.
Hasta ahora no se ha confirmado ninguna detención. El proceso continúa abierto y la defensa ha señalado que recurrirá a nuevas vías legales, al considerar que se trata de una persecución política.
