La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se expresó este miércoles su preocupación por las amenazas y agresiones contra la abogada y activista Poulette Celene Hernández, en Tonalá, Chiapas.
El pronunciamiento elevó el caso a nivel internacional y puso en el centro la actuación de las autoridades estatales, particularmente por la forma en que fue clasificada la denuncia penal.
Recibo noticias preocupantes sobre amenazas directas contra la vida de la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández en Tonalá, Chiapas. Me preocupa que la Fiscalía General del Estado no esté clasificando esto como un delito grave. Las autoridades mexicanas deben… pic.twitter.com/FqVC4PwefW
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 11, 2026
Señalamientos de la ONU y críticas a la Fiscalía
Lawlor cuestionó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no haya considerado los hechos como un delito grave, pese a que incluyen amenazas de muerte y agresiones físicas.
La relatora instó al Estado mexicano a adoptar medidas inmediatas de protección, garantizar la seguridad de la defensora y llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. También dirigió su mensaje a la representación de México ante organismos internacionales en Ginebra.
Quién es la defensora y cuál es su labor
Poulette Celene Hernández forma parte del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y cuenta con incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.
Su trabajo incluye acompañamiento a víctimas de violencia, formación en derechos de las mujeres, salud comunitaria y agroecología en la costa de Chiapas. También ha participado en la defensa de familias que cuestionan impactos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Línea K.
Organizaciones señalan que su labor se desarrolla en un contexto de conflictividad territorial y presuntas tensiones entre comunidades, actores locales y autoridades.
Cronología de las agresiones
De acuerdo con los reportes difundidos por organizaciones civiles:
- Antes del 7 de febrero: recibió mensajes intimidatorios en su teléfono relacionados con su trabajo comunitario.
- 7 de febrero, entre 20:00 y 22:00 horas: cuatro hombres en motocicletas acudieron a su domicilio y pidieron hablar con ella. Al advertir que no estaba sola, se retiraron tras advertir que regresarían.
- 8 de febrero, alrededor de las 17:00–18:00 horas: tres personas —dos mujeres identificadas como DC e IG y un hombre no identificado— acudieron nuevamente a su casa. La insultaron, la amenazaron de muerte y la agredieron físicamente con golpes y un garrote.
Según los informes, los agresores intentaron forzar la entrada del domicilio. Un médico legista certificó lesiones.
Denuncia penal e investigación en curso
La noche del 8 de febrero, Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía de Distrito. Se abrió el registro de atención 070-2026 en la Fiscalía General del Estado, Región Istmo Costa.
Organizaciones civiles han señalado que, en una primera etapa, la investigación se centró en el delito de lesiones, sin integrar plenamente las amenazas de muerte ni un posible intento de homicidio. Hasta el 11 de febrero de 2026, no se han difundido posicionamientos públicos de la Fiscalía estatal sobre estas críticas.
Reacción de organizaciones nacionales e internacionales
El 9 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió una acción urgente en la que documentó los hechos y solicitó medidas inmediatas de protección, investigación con perspectiva de género y reconocimiento público de la labor de la defensora.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, IM-Defensoras y otras organizaciones también manifestaron preocupación y exigieron garantías de seguridad para Hernández y su familia.
Tras el pronunciamiento de Mary Lawlor, colectivos como Espacio OSC, Red Defensoras Mx y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo respaldaron el llamado internacional y vincularon el caso con un contexto más amplio de violencia contra personas defensoras en la región.
Un caso que escala a nivel global
Con la intervención de la relatora especial, el caso dejó de ser un asunto estrictamente local y se convirtió en un tema de observación internacional.
Organizaciones advierten que la falta de una investigación integral y de medidas efectivas de protección podría agravar el riesgo para la defensora y enviar un mensaje de impunidad en un entorno donde quienes acompañan causas comunitarias enfrentan amenazas recurrentes.
