La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que coloca a México entre los países con las restricciones más amplias contra los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. La medida, respaldada por una mayoría oficialista, prohíbe toda actividad comercial relacionada con estos productos y establece penas de hasta ocho años de prisión. El dictamen pasará ahora al Senado.

Lo que cambia con la reforma

La novedad más relevante es la prohibición absoluta de cualquier forma de comercialización: fabricación, producción, importación, distribución, publicidad y venta. El consumo y la posesión personal permanecen permitidos, siempre que no exista intención de comerciar.

Las sanciones propuestas incluyen entre uno y ocho años de prisión, así como multas que pueden ir de 100 a 2,000 UMAs, equivalentes a aproximadamente entre 11,314 y 226,280 pesos en valores de 2025.

Cómo define la ley a los dispositivos prohibidos

El dictamen adopta una definición amplia y funcional. Considera cigarrillos electrónicos y vapeadores a cualquier dispositivo que caliente, vaporice o atomice sustancias tóxicas en diversas presentaciones —líquidos, geles, ceras, soluciones salinas, aerosoles secos, resinas, aceites o formulaciones sintéticas— con o sin nicotina. También incluye dispositivos análogos desechables o de un solo uso.

La redacción fue ajustada para evitar lagunas que permitieran reclasificar estos productos mediante la adición mínima de derivados del tabaco. Con ello, se busca impedir reinterpretaciones que faciliten su permanencia en el mercado.

Argumentos de quienes apoyan la prohibición

Los legisladores del bloque oficialista Morena-PVEM-PT, sostuvieron que la reforma responde a un objetivo de salud pública: frenar un mercado creciente, especialmente entre menores de edad, y cerrar vacíos normativos que han permitido la entrada de productos sin control sanitario.

Entre sus planteamientos más reiterados destacan:

Protección a niños y adolescentes. Señalan que los vapeadores se promocionan con diseños llamativos y sabores que facilitan la iniciación al consumo de nicotina en edades tempranas.

Eliminación de vacíos regulatorios. Consideran que la publicidad engañosa y las importaciones irregulares han expandido un mercado sin garantías de calidad.

Enfoque en la cadena de suministro. Subrayan que la reforma no penaliza al usuario final; las sanciones recaen en quienes lucran mediante la producción o venta.

Parte de una estrategia sanitaria más amplia. Aseguran que forma parte de un paquete de medidas preventivas alineadas con estándares internacionales de control del tabaco.

Críticas y preocupaciones de la oposición

Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y calificaron la reforma como desproporcionada y contraproducente. Entre sus críticas principales se encuentran:

Riesgo de mercado negro. Argumentan que prohibir un producto ya consumido por cientos de miles de jóvenes podría fortalecer redes ilegales, con mayor exposición a dispositivos sin control de calidad y con potencial vínculo con el crimen organizado.

Penas excesivas. Señalan que las sanciones previstas superan las de algunos delitos graves, lo que consideran un desbalance en las prioridades legislativas.

Oportunidad perdida para regular. Proponen un modelo regulatorio similar al de otros países, que permita controlar la calidad, imponer impuestos y restringir el acceso a mayores de edad, en lugar de una prohibición total.

Inconsistencias políticas. Alegan que algunos legisladores oficialistas consumen vapeadores en privado, lo que a su juicio resta coherencia a la medida.

El debate sobre fumar vs. vapear

La reforma reavivó la discusión sobre la aparente inconsistencia entre prohibir vapeadores y mantener legal el cigarrillo tradicional.

Si bien los cigarrillos de tabaco generan mayor mortalidad por combustión y exposición a sustancias cancerígenas, el gobierno argumenta que los vapeadores representan un riesgo emergente para la juventud por su diseño atractivo, rápida adicción a la nicotina y falta de estudios concluyentes sobre daños a largo plazo.

Además, la prohibición se centra en la cadena comercial, lo cual evita conflictos constitucionales sobre el derecho al consumo personal.

Lo que sigue

El Senado revisará la reforma y podrá hacer ajustes, especialmente en torno a definiciones técnicas y penalidades.

El resultado final dependerá también de regulaciones secundarias y de la capacidad de las autoridades para fiscalizar un mercado que ya opera de forma extendida y que podría intensificarse en canales informales.