La diputada federal Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario de Morena, denunció públicamente que su nombre, su investidura y hasta sus oficinas de enlace legislativo han sido utilizados sin autorización por una red dedicada a defraudar a ciudadanos en distintos municipios del Estado de México y en otras entidades del país.

De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, esta organización ofrecía, de manera fraudulenta, acceso a programas sociales, viviendas y proyectos productivos a cambio de pagos que iban desde 7 mil hasta 60 mil pesos. Según la legisladora, los responsables llegaron incluso a falsificar documentos con su firma, así como logotipos de dependencias federales, para aparentar legitimidad.

La diputada señaló que el grupo delictivo habría comenzado sus operaciones desde 2013, encabezado por una persona identificada como Francisco “N”. Con el paso del tiempo, explicó, la red operó bajo diferentes fachadas, primero como una supuesta fundación y después simulando ser gestores de programas gubernamentales.

Entre las irregularidades detectadas, mencionó que algunos ciudadanos fueron citados directamente en sus oficinas de enlace legislativo, donde entregaron dinero y documentos personales. Además, denunció la participación de Margarita “N”, quien trabajaba como secretaria en esa oficina, y que presuntamente, junto con familiares, aprovechó su ausencia por motivos de salud para reclutar personas y organizar reuniones vinculadas al fraude.

La legisladora estimó que más de mil personas han sido afectadas en municipios como Cuautitlán, Melchor Ocampo, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Coyotepec, Tecámac, Huehuetoca y Tultepec. También mencionó que se han registrado casos en entidades como Colima, Jalisco, Sinaloa, Querétaro y Chiapas.

Ante esta situación, Vázquez García solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciar investigaciones exhaustivas y emitir las órdenes de aprehensión necesarias para desmantelar la red. Subrayó que este problema no solo perjudica a las víctimas, sino que además afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Finalmente, reiteró que ningún legislador ni servidor público está autorizado a condicionar beneficios sociales ni a cobrar dinero para acceder a programas federales, los cuales, recordó, son totalmente gratuitos. También hizo un llamado a las personas afectadas para que presenten sus denuncias ante las autoridades competentes.