Diputado pide esclarecer presunto desvío millonario en el Trijaem

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El Congreso del Estado de México fue escenario de un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) acelere las investigaciones relacionadas con un presunto desvío de recursos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), ocurrido en diciembre de 2023.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador Octavio Martínez Vargas (Morena) manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido sin que existan avances claros en el caso, el cual involucra la presunta dispersión irregular de 32 millones de pesos. Señaló que han pasado 20 meses desde los hechos sin que se haya definido el destino del dinero ni se hayan deslindado responsabilidades.

El diputado cuestionó la actuación del fiscal general José Luis Cervantes Martínez, al considerar que no se han agotado las líneas de investigación. En particular, subrayó que no se ha citado a declarar a Gerardo Becker Ania, entonces magistrado presidente del Trijaem, ni a Tomás Delgado León, quien se desempeñaba como director de Administración. De acuerdo con documentos bancarios, agregó, Delgado habría realizado las transferencias con el uso de claves de seguridad asignadas al personal autorizado.

En contraste, la única persona detenida hasta el momento es un hombre identificado como Omar, acusado de abuso de confianza, aprehendido el pasado 26 de agosto. Según el legislador, esta detención no resuelve las dudas sobre la presunta responsabilidad de funcionarios de mayor rango.

Martínez también criticó que en su momento el Tribunal reportara un supuesto “hackeo” como causa del movimiento financiero, versión que calificó de engañosa frente a la evidencia bancaria. A su juicio, la falta de acciones firmes contrasta con los compromisos del Estado de México en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento del Estado de derecho.

Finalmente, llamó a que, con la renovación próxima en áreas del Poder Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, se dé una señal de voluntad institucional para sancionar a quienes resulten responsables en este caso.






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