Así capturaron a Pedro Segura, ex candidato al gobierno de Guerrero, por delincuencia organizada

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El 12 de agosto de 2025, Pedro Segura Valladares, empresario y político mexicano, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) frente a su hotel en Tepecoacuilco, Guerrero. El arresto, transmitido en vivo a través de redes sociales, ha generado un intenso debate debido a los señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado y, de manera específica, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.

Segura es conocido por su trayectoria en el sector dental y como propietario de diversos negocios. En 2021 fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), alcanzando el tercer lugar en las elecciones. Aunque también ha ocupado cargos locales, su carrera política se centró principalmente en esa candidatura, caracterizada por un discurso crítico hacia figuras políticas de la región.

Acusaciones y vínculo con Guerreros Unidos

El empresario enfrenta cargos por delincuencia organizada, con acusaciones que lo señalan como integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como actor clave en la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con la FGR, Segura habría utilizado sus propiedades —incluido su hotel— para actividades ilícitas como almacenamiento y distribución de drogas, así como operaciones de lavado de dinero. También se le relaciona con la presunta retención de algunos estudiantes en 2014.

Operativo y traslado

El operativo de detención se desarrolló sin resistencia. Segura fue trasladado inicialmente a Cuernavaca, Morelos, y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, durante la madrugada del 13 de agosto.

En declaraciones durante el arresto, el ex candidato insinuó que la acción tenía motivaciones políticas, mencionando a figuras relevantes de Guerrero. Las autoridades negaron esta versión, asegurando que la detención responde exclusivamente a las investigaciones en curso.

La familia de Segura calificó la detención como un acto de persecución política, argumentando que constituye un abuso de poder. Han solicitado la intervención de autoridades extranjeras, señalando que Segura posee ciudadanía estadounidense. Esta narrativa ha encontrado eco en algunos sectores, que interpretan el hecho como un posible ajuste de cuentas en el contexto político de Guerrero.

 


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