Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó su renuncia tras dos años y nueve meses en el cargo, en respuesta a las demandas de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. La decisión, confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, marca un nuevo capítulo en la compleja investigación de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

La renuncia de Gómez Piedra fue notificada a los familiares el 14 de julio de 2025, durante una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ). Desde mayo de 2025, las familias habían exigido su destitución, acusándolo de falta de resultados, corrupción y pérdida de confianza.

En particular, sus declaraciones públicas sobre la búsqueda de «cadáveres» en más de 800 lugares en la sierra fueron interpretadas como un abandono de la posibilidad de encontrar a los estudiantes con vida, lo que generó indignación entre los familiares y organizaciones de derechos humanos.

Gómez Piedra asumió la dirección de la UEILCA en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, en un contexto de tensiones con la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno anterior.

Durante su gestión, reportó avances como la detención de 120 personas y la apertura de más de 46 causas penales, pero estos esfuerzos no lograron satisfacer las expectativas de las familias, quienes consideraron que las investigaciones no avanzaron de manera sustancial.

Además, denuncias periodísticas y una queja formal ante la FGR señalaron al exfiscal por presuntos actos de corrupción, incluyendo el uso indebido de recursos públicos y el cobro de cuotas a subordinados.

La presidenta Sheinbaum aclaró que la renuncia fue una decisión personal de Gómez Piedra, aunque reconoció las demandas previas de las familias. En su lugar, Mauricio Pazarán Álvarez, exfiscal de investigación territorial en Xochimilco, asumió la titularidad de la UEILCA. Pazarán, quien se incorporó a la unidad en mayo de 2025, ya ha sostenido reuniones con los familiares y se espera que impulse nuevas líneas de investigación, incluyendo análisis científicos y revisión de datos no explorados previamente.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, calificó la salida de Gómez Piedra como un paso positivo, pero expresó cautela sobre el nuevo fiscal, señalando que las familias darán un voto de confianza a Pazarán mientras evalúan su desempeño. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó que la renuncia responde a un reconocimiento tardío de las demandas de los padres, pero lamentó el tiempo perdido durante la gestión de Gómez Piedra.

El caso Ayotzinapa, que ha simbolizado la lucha contra la impunidad en un país con más de 130,000 desapariciones, continúa siendo un desafío para las autoridades mexicanas. La próxima reunión entre los familiares y la presidenta Sheinbaum, programada para el 28 o 29 de julio, será un momento clave para definir el rumbo de las investigaciones bajo el liderazgo de Pazarán. Mientras tanto, las familias de los 43 estudiantes mantienen su exigencia de verdad y justicia, tras más de una década de búsqueda incansable.