El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión definitiva en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, al declarar vacantes 46 candidaturas que resultaron ganadoras en la elección celebrada el 1 de junio de 2025. La razón detrás de esta medida radica en el incumplimiento de los requisitos académicos establecidos por la reforma judicial, específicamente el promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho y, en algunos casos, de 9 en las materias correspondientes a la especialidad para la cual se postularon.

Esta acción ha generado un debate sobre la rigurosidad de los criterios de elegibilidad y la supervisión de los procesos de selección en un ejercicio electoral sin precedentes en México.

Tras la jornada electoral del 1 de junio de 2025, el INE llevó a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes de las candidaturas ganadoras. Durante este proceso, se identificaron 46 casos en los que las personas electas no cumplieron con los promedios académicos requeridos. Según información oficial, el número inicial de candidaturas cuestionadas ascendía a 37, pero tras una depuración por repetición de nombres, se confirmó que 33 casos correspondían a magistraturas de circuito, mientras que el resto abarcaba otros cargos judiciales. La decisión de invalidar estas candidaturas se fundamentó en el artículo de la reforma judicial que establece claramente los promedios mínimos como condición indispensable para ocupar un cargo en el Poder Judicial.

La decisión del INE ha sido respaldada por algunos sectores que consideran que la rigurosidad en los requisitos académicos es esencial para garantizar la calidad de los impartidores de justicia. Sin embargo, también ha desatado cuestionamientos sobre la metodología utilizada para calcular los promedios, así como sobre la falta de homologación en los criterios aplicados por los Comités de Evaluación.

Por otro lado, la invalidación de estas candidaturas ha generado preocupación sobre el impacto en la paridad de género, un mandato constitucional que busca garantizar una representación equitativa en los resultados electorales. En algunos casos, la ausencia de candidatas mujeres en ciertos cargos ya había sido motivo de controversia, y la anulación de candidaturas podría complicar aún más el cumplimiento de este principio.

El INE ha señalado que las vacantes declaradas serán cubiertas conforme a los lineamientos establecidos en la reforma judicial, lo que podría implicar la asignación de los cargos a las candidaturas que, cumpliendo con los requisitos, hayan obtenido el siguiente mayor número de votos, o incluso la apertura de un nuevo proceso de selección en algunos casos. Este procedimiento será supervisado por el INE y los Consejos Distritales, con el objetivo de garantizar la certeza y legalidad del proceso.