Este martes la Cámara de Diputados de México aprobó, con 349 votos a favor y 132 en contra, una reforma a la Ley de la Guardia Nacional (GN) que ha generado intensos debates sobre la seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas en el país. Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, complementa la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que trasladó la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A continuación, se presenta un análisis objetivo de los hechos más relevantes, las posturas a favor y en contra, y las implicaciones de esta legislación.

Contexto y Hechos Clave

La Guardia Nacional, creada en 2019 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenía inicialmente un carácter civil y estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, desde 2022, López Obrador impulsó iniciativas para transferirla al control militar, argumentando que la Sedena garantizaría mayor profesionalismo y disciplina. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un intento previo por considerarlo inconstitucional, pero la reforma constitucional de 2024 logró consolidar el traspaso de la GN a la Sedena, con el respaldo de Morena y sus aliados.

La reforma aprobada en 2025 pretende armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional. Entre los cambios más significativos están:

• Estructura Militar de la GN: La GN se define como una fuerza de seguridad pública profesional, permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Sedena. Su titular, con grado de General de División, será designado por el secretario de la Defensa Nacional.
• Nuevas Facultades Operativas: La GN podrá realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones privadas, utilizar “usuarios simulados” y acceder a datos georreferenciados, siempre con autorización judicial. También participará en tareas de investigación e inteligencia en coordinación con autoridades civiles.
• Cargos Públicos para Integrantes: Los elementos de la GN podrán postularse a cargos de elección popular, separándose de sus funciones 90 días antes para cargos legislativos o seis meses para la presidencia. Esta disposición alinea sus derechos con los del personal militar, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Ejército.
• Formación: La capacitación estará a cargo de instituciones militares bajo los lineamientos de la Sedena. Los integrantes deben obtener el Certificado Único Policial y aprobar programas de formación en derechos humanos.
• Jurisdicción Civil: Las faltas cometidas por elementos de la GN en funciones de seguridad pública estarán sujetas a la jurisdicción civil federal, no militar, para garantizar transparencia.

La reforma fue aprobada con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Senado para su revisión y, de ser aprobado, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Posturas a Favor

Partidos Políticos (Morena, PVEM, PT):

Fortalecimiento de la Seguridad Pública: Morena argumenta que la reforma consolida a la GN como una institución eficiente, profesional y disciplinada, capaz de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El diputado Julio César Moreno Rivera destacó que la GN seguirá siendo una fuerza civil en sus funciones, bajo el mando de la presidenta, y que su integración a la Sedena garantiza estabilidad laboral y seguridad social para sus elementos.

Respuesta a la Violencia: El diputado Leonel Godoy (Morena) señaló que la seguridad no depende solo de la GN, sino de un sistema coordinado que incluye al Ministerio Público y la administración de justicia. La reforma, según él, dota a la GN de herramientas para la prevención del delito sin militarizar el país.

Apoyo a la Profesionalización: La diputada Mary Carmen Bernal (PT) resaltó la necesidad de regular las funciones de la GN para armonizarlas con la reforma constitucional, asegurando que su formación militar complementa una doctrina policial civil.

Gobierno Federal:
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, aclarando que los derechos de los elementos de la GN para contender por cargos públicos ya están contemplados en la Constitución para militares. Además, destacó que la GN no busca reprimir, sino garantizar la paz social con un enfoque humanista.

Posturas en Contra

Partidos de Oposición (PAN, PRI, MC):
Militarización de la Seguridad Pública: El PAN, representado por el diputado César Israel Damián Retes, argumentó que la reforma representa un modelo de militarización que viola el artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La diputada Paulina Rubio (PAN) calificó la integración de personal militar como una clara militarización.

Amenaza a las Libertades Civiles: El PRI, a través del diputado Arturo Yáñez, denunció que las nuevas facultades de la GN, como la intervención de comunicaciones y operaciones encubiertas, podrían derivar en espionaje y represión. También criticó la concentración de poder en la Sedena, que debilita a las policías locales.

Falta de Parlamento Abierto: MC, por medio de la diputada Laura Ballesteros, lamentó la ausencia de un debate inclusivo y acusó a la reforma de abrir la puerta al control militar en los tres órdenes de gobierno, poniendo en riesgo el Estado civil mexicano.

Organizaciones de Derechos Humanos:
Amnistía Internacional y otras organizaciones han expresado preocupación por la militarización de la seguridad pública, argumentando que no resuelve la violencia estructural del país. Señalan que la participación indefinida de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, como permite la reforma, contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado múltiples casos de abusos por parte de militares, lo que refuerza los temores sobre la falta de rendición de cuentas en un modelo militarizado.

Sociedad Civil:
Activistas y académicos han criticado la reforma por considerar que perpetúa la dependencia en las Fuerzas Armadas en lugar de fortalecer a las policías civiles. Activistas como Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) adviertió sobre propuestas legislativas paralelas que incluyen la creación de una CURP biométrica obligatoria, una Plataforma Única de Identidad y un registro de usuarios de telefonía móvil, que podrían integrarse con las nuevas facultades de la GN. Según García, estas medidas formarían un sistema de vigilancia masiva sin precedentes, con riesgos de abuso debido a la falta de controles judiciales efectivos. Las preocupaciones se refuerzan con antecedentes como el escándalo de espionaje con Pegasus en 2017, donde se alegó que el gobierno vigiló ilegalmente a periodistas y activistas, y un informe) de febrero de 2025 que documentó prácticas de vigilancia ilícitas.

Implicaciones y Perspectivas

La reforma a la Ley de la Guardia Nacional marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad de México, consolidando el modelo impulsado por la Cuarta Transformación. Sus defensores ven en ella una herramienta para combatir la violencia con una institución robusta, mientras que sus críticos advierten sobre los riesgos de una militarización progresiva y la erosión de las libertades civiles.

El debate en el Senado será crucial para determinar si la reforma se promulga sin modificaciones o enfrenta ajustes. Además, la implementación de la ley requerirá un proceso de armonización legislativa en los próximos 180 días, lo que podría generar nuevos puntos de tensión entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil.