Keren Selsy Ordóñez Hernández, una joven veracruzana de 28 años, se convirtió en un símbolo de la lucha contra las fallas del sistema de justicia mexicano tras pasar más de nueve años injustamente encarcelada. Su caso, marcado por la tortura, la discriminación de género y graves violaciones a los derechos humanos, culminó con su liberación el 16 de abril de 2025, un hito que representa no solo su victoria personal, sino también un llamado a reformar las prácticas judiciales en México.

El 11 de diciembre de 2015, la vida de Keren, entonces de 19 años, cambió drásticamente. Apenas un mes después de dar a luz a su hija mediante una cesárea, y aún en recuperación, Keren acudió a un encuentro con su expareja en Xalapa, Veracruz, para solicitar apoyo económico para su bebé. Lo que parecía una cita rutinaria se convirtió en una detención arbitraria. Agentes de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Tlaxcala, sin orden de aprehensión, la arrestaron junto con su hija de apenas un mes.

Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a tortura física y psicológica. Golpeada, asfixiada y amenazada con hacerle daño a su hija —incluso con desaparecerla, aprovechando que aún no tenía acta de nacimiento—, Keren fue obligada a firmar una confesión falsa que la inculpaba por un secuestro que no cometió. Su hija fue separada de ella y llevada al Sistema Estatal DIF de Tlaxcala, donde permaneció 14 días en condiciones precarias, presentando desnutrición y heridas en la piel.

Keren fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Apizaco, Tlaxcala, lejos de su familia. En 2019, un juzgado la sentenció a 50 años de prisión, ignorando las irregularidades del proceso y la falta de pruebas lícitas. Mientras tanto, su expareja, también detenida por el mismo caso, fue liberada en 2019 tras cumplir una condena de solo cinco años, evidenciando una clara discriminación de género en el sistema judicial.

El caso de Keren no pasó desapercibido. En 2021, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asumió su defensa, documentando las violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura acreditada mediante el Protocolo de Estambul. Ese mismo año, un tribunal federal otorgó un amparo a Keren, ordenando reponer el proceso debido a irregularidades procesales. Este fue un rayo de esperanza para ella y su familia, quienes, encabezados por su madre, Ciria Hernández, no cesaron en exigir justicia.

A lo largo de los años, organizaciones civiles, activistas y la sociedad se unieron a la causa de Keren. Campañas como #LibertadParaKeren en Change.org recolectaron más de 15 mil firmas, y manifestaciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala visibilizaron las fallas estructurales del sistema penal mexicano, especialmente su falta de perspectiva de género. A pesar de estos esfuerzos, en noviembre de 2024, el juez José Eduardo Morales Sánchez reiteró la sentencia de 50 años, una decisión que fue criticada por ignorar las pruebas de inocencia y las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente este miércoles, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, bajo la ponencia de la magistrada Mary Cruz Ornelas, resolvió por unanimidad la apelación interpuesta por Keren y su defensa. La sentencia condenatoria de septiembre de 2024 fue revocada, y se ordenó su liberación inmediata. El Centro Prodh celebró la noticia, destacando que Keren, una sobreviviente de tortura, podría finalmente retomar su vida y reencontrarse con su hija, ahora de nueve años, y su familia.

La liberación de Keren no solo marcó el fin de una década de injusticia, sino que también puso en evidencia problemas sistémicos en el sistema de justicia mexicano: la fabricación de pruebas, el uso de tortura para obtener confesiones, la discriminación de género y la falta de capacitación en derechos humanos para las autoridades. Su caso se suma al de otras mujeres que, en contextos de vulnerabilidad, han sido criminalizadas de manera desproporcionada.