El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ingresó este miércoles al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a bordo de un convoy con un amplio número de vehículos policiales y de Guardia Nacional.

La jornada comenzó temprano, cuando autoridades migratorias estadounidenses entregaron a Yarrington a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el cruce fronterizo entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California. Tras un traslado aéreo que lo llevó a la Ciudad de México y, posteriormente, al Aeropuerto Internacional de Toluca, el exmandatario fue conducido fuertemente resguardado hasta el penal.

A las 17:58 horas, cruzó las puertas del Altiplano, un lugar que ha albergado a algunos de los personajes más notorios del crimen organizado y la corrupción en México.

Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004 bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta ahora un futuro incierto tras años de procesos judiciales. Su deportación desde Estados Unidos, donde cumplió una condena de siete años por lavado de dinero, marca el inicio de una nueva batalla legal en suelo mexicano. Aquí, tres órdenes de aprehensión lo esperan, relacionadas con delitos que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel del Golfo y Los Zetas, grupos que dominaron la región durante su mandato.

El ingreso al Altiplano no es solo un hecho logístico; es un símbolo de la caída de un hombre que alguna vez fue considerado una figura prominente en la política mexicana. Su detención en Florencia, Italia, en 2017, tras años de evadir a la justicia, fue el primer golpe. La extradición a Estados Unidos en 2018 y su posterior condena en 2021 por aceptar sobornos millonarios para facilitar actividades criminales pintaron un retrato oscuro de su gestión. Ahora, en México, las autoridades buscan cerrar el círculo de acusaciones que lo señalan como un eslabón entre el poder político y el crimen organizado.

El proceso que Yarrington enfrentará en el Altiplano se desarrollará bajo el sistema de justicia tradicional, con audiencias privadas que iniciarán este jueves. Tendrá la oportunidad de rendir su declaración preparatoria o guardar silencio, mientras un juez evalúa las pruebas acumuladas en su contra. Para muchos, este momento representa una oportunidad tardía de rendición de cuentas en un país donde la impunidad ha sido una sombra persistente.

La historia de Yarrington es también un reflejo de los vínculos complejos entre política y delincuencia en México. Durante su gobierno, Tamaulipas se convirtió en un campo de batalla para los cárteles, y las acusaciones sugieren que su administración no solo fue testigo, sino partícipe de esa violencia.