En la LXII Legislatura del Estado de México, integrada de manera paritaria, las legisladoras han asumido un papel protagónico en la construcción de una agenda que prioriza los derechos de las mujeres mexiquenses.

Este esfuerzo responde a la confianza depositada por la ciudadanía, especialmente por las mujeres, y se ha traducido en iniciativas, reformas y pronunciamientos que buscan garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.

Entre los logros destacados, se encuentra la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, una medida que busca saldar una deuda histórica con las mujeres y fortalecer sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, se han impulsado reformas para proteger a personas gestantes y se ha exhortado a los municipios a respetar el principio de paridad en la designación de titulares en la administración pública, promoviendo una representación equitativa en todos los niveles de gobierno.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, cobra especial relevancia en este contexto, ya que las acciones legislativas refuerzan la lucha por ampliar derechos, oportunidades y el empoderamiento femenino, bajo la premisa de un futuro inclusivo. En este marco, el Congreso mexiquense, como parte del Constituyente Permanente, avaló una minuta enviada por la Cámara de Diputados federal que obliga al Estado a garantizar la igualdad sustantiva y a proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a cualquier forma de violencia.

Diversas iniciativas han surgido desde distintos grupos parlamentarios. Por ejemplo, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) propuso la “Ley de Licencia Menstrual”, que otorga a trabajadoras públicas entre uno y tres días de descanso con goce de sueldo en casos de endometriosis o dismenorrea incapacitante. Por su parte, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) planteó que, en casos de violencia intrafamiliar, el agresor deba abandonar inmediatamente el domicilio de la víctima, sin importar la propiedad del inmueble. Desde el PVEM, Gloria Vanessa Linares Zetina impulsó el reconocimiento de la violencia vicaria como un tipo de violencia familiar, facilitando que las víctimas puedan denunciarla.

La protección a grupos vulnerables también ha sido prioridad. A propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se aprobó que universidades y escuelas normales públicas reserven al menos el 10% de su matrícula a mujeres con discapacidad, migrantes o de comunidades indígenas y afromexicanas. Además, se avalaron medidas para incorporar la perspectiva de género en las unidades de igualdad y erradicación de la violencia dentro de la administración pública.

El PAN, por su parte, presentó reformas para crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, que incluye sanciones a padres que no cubran gastos de embarazo y apoyo económico a menores embarazadas para continuar sus estudios. Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) propuso políticas para fomentar el emprendimiento femenino, mientras que Ruth Salinas Reyes (MC) abogó por garantizar el acceso de las mujeres a la propiedad y un patrimonio seguro.

En materia de violencia, Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) sugirió integrar el principio de igualdad sustantiva en la Constitución local y crear una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razón de Género. Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena) planteó mecanismos de vigilancia para garantizar el libre tránsito y la seguridad en las comunidades, y Susana Estrada Rojas (Morena) propuso orientación legal y medidas administrativas actualizadas para proteger a las mujeres víctimas.

La iniciativa de Zaira Cedillo Silva (Morena) para reformar la Constitución federal y adoptar un lenguaje inclusivo refleja el compromiso de visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos. Esta propuesta fue respaldada por legisladoras como Paola Jiménez Hernández (independiente), Graciela Argueta Bello (Morena) y Araceli Casasola Salazar (PRD), entre otras, además de le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (Morena).

Finalmente, la firma del pacto de sororidad “Por la unión de las mujeres políticas del Estado de México”, impulsado por Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), unió a legisladoras de todos los partidos en un compromiso por la unidad, el respeto y la erradicación de la violencia política de género.

Este esfuerzo colectivo demuestra que, más allá de las ideologías, la LXII Legislatura está decidida a transformar la realidad de las mexiquenses con una visión feminista e incluyente.