Este miércoles el Senado de México aprobó la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, una iniciativa que busca aliviar la carga fiscal que pesa sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y, según sus defensores, fortalecer la soberanía energética del país. La decisión, que marca un momento clave en la política energética nacional, no estuvo exenta de controversia, ya que generó opiniones encontradas entre los legisladores y críticas de la oposición.
La reforma tiene como objetivo principal simplificar el esquema fiscal de Pemex, una empresa que, a pesar de ser un pilar de la economía mexicana, ha enfrentado serios problemas financieros en los últimos años, incluyendo una deuda que algunos legisladores señalaron como la más alta entre las petroleras a nivel mundial.
La iniciativa propone reemplazar el esquema fiscal actual, que incluía tres derechos distintos (de Exploración, de Extracción de Hidrocarburos y de Utilidad Compartida), por un derecho único denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”. Este nuevo derecho establece una tasa fija del 30% para la explotación de petróleo y del 11.63% para el gas natural no asociado.
El argumento central de los legisladores a favor de la reforma, principalmente de Morena y sus aliados, es que esta reducción fiscal permitirá a Pemex destinar más recursos a inversión y operación, fortaleciendo su papel como empresa pública del Estado y como motor del desarrollo económico.
Además, se enfatizó que los recursos recaudados seguirán canalizándose al Fondo Mexicano del Petróleo, con el objetivo de beneficiar directamente al pueblo mexicano mediante programas sociales y proyectos de infraestructura.
El pleno del Senado aprobó la reforma con 85 votos a favor y 29 en contra, en lo general, y con 80 votos a favor y 35 en contra en lo particular, tras un intenso debate que reflejó las profundas divisiones ideológicas en el Congreso. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron la iniciativa, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en contra.
Los detractores de la reforma argumentaron que esta medida no resuelve los problemas estructurales de Pemex, como la corrupción y la mala administración, que consideran las verdaderas causas de su deterioro financiero.
Por su parte, los senadores que apoyaron la reforma, como Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía del Senado, defendieron que esta medida corrige las políticas “privatizadoras” impuestas desde la reforma energética de 2013, las cuales, según ellos, convirtieron a Pemex en un botín de intereses externos. “Estamos fortaleciendo a la petrolera para que cumpla con su misión de ser palanca del desarrollo nacional”, destacó Castillo.
