El 20 de febrero de 2025, México amaneció con una noticia que ha sacudido los cimientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): Roberto Moreno Herrera, titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA, fue separado de su cargo por presuntos actos de corrupción.

La ironía de que el encargado de liderar una institución creada para prevenir y combatir la corrupción sea acusado de incurrir en prácticas deshonestas no ha pasado desapercibida, generando un profundo debate sobre la efectividad y la integridad de las instituciones anticorrupción en el país.

El despido de Moreno Herrera se produce tras una serie de auditorías que revelaron irregularidades graves durante su gestión. Entre las acusaciones destacan viajes no autorizados, retrasos significativos en la implementación de la Plataforma Digital Nacional —un proyecto clave para transparentar información pública— y omisiones en el manejo de recursos.

Además, se han señalado asignaciones de contratos que podrían haber beneficiado a personas cercanas al ahora exfuncionario, así como pagos injustificados que contravienen las normativas de austeridad y transparencia que el SNA debería encarnar.

El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 como parte de una ambiciosa reforma constitucional, tiene como misión coordinar esfuerzos entre diversas instituciones para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno. La Secretaría Ejecutiva, encabezada hasta hoy por Moreno Herrera, funge como el brazo técnico del sistema, encargada de proveer insumos, administrar recursos y garantizar el funcionamiento de herramientas como la mencionada Plataforma Digital Nacional. Que su titular haya sido destituido por prácticas contrarias a los principios del SNA plantea serias interrogantes sobre la capacidad del organismo para cumplir con su propósito.

Voces de la sociedad civil y expertos en la materia han reaccionado con una mezcla de indignación y preocupación. Organizaciones como el Comité de Participación Ciudadana, que forma parte del SNA, han exigido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables. Asimismo, han insistido en la necesidad de reformar los mecanismos de selección y supervisión de los funcionarios que ocupan cargos clave en el sistema, para evitar que casos como este se repitan.

Por su parte, las autoridades han anunciado que se nombrará a un sustituto en los próximos días, mientras se completa el proceso de investigación sobre las irregularidades detectadas.