En un paso significativo hacia la equidad educativa, las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Atención de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La propuesta busca que las instituciones de educación superior bajo control estatal, incluyendo las escuelas normales —con la excepción de aquellas con autonomía legal— reserven al menos el 10% de sus plazas para personas en situación de vulnerabilidad.

Esta reforma a la Ley de Educación del Estado de México establece que las universidades, institutos tecnológicos y escuelas normales públicas deben asignar este porcentaje de matrícula específicamente a mujeres con discapacidades, migrantes, y miembros de comunidades indígenas y afromexicanas. El objetivo es asegurar el acceso a la educación superior y la profesionalización de estos grupos, promoviendo así sus derechos educativos.

Presidiendo la sesión, el diputado Israel Espíndola López de Morena subrayó que esta iniciativa es fundamental para una transformación estructural del acceso a la educación, apoyando principios de equidad, paridad, justicia e igualdad. La propuesta, según Espíndola, no solo es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa sino también un compromiso tangible hacia la educación inclusiva.

La diputada por Morena, Itzel Daniela Ballesteros Lule, calificó la acción como un acto de justicia y una inversión en un futuro más equitativo para quienes buscan desarrollo profesional. En tanto, el también morenista Esteban Juárez Hernández resaltó que el apoyo a esta propuesta reafirma el compromiso de su partido con la inclusión, la justicia social, los derechos humanos y la perspectiva de género.

Rigoberto Vargas Cervantes expresó su gratitud por el compromiso compartido entre legisladores de ambas comisiones con la educación inclusiva.

Aunque la reforma no incluye aún a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), se ha mencionado la posibilidad de ampliar la acción en el futuro. La diputada del PRI, Leticia Mejía García, celebró que esta reforma contribuirá a cerrar brechas de desigualdad para la población indígena.

Por su parte, Maricela Beltrán Sánchez de Movimiento Ciudadano destacó que esta cuota obligatoria del 10% supera el 5% que la UAEMEX había comprometido para su convocatoria de ingreso 2025.

El documento de la reforma enfatiza que esta medida es una respuesta al reto de mejorar continuamente el sistema educativo, reforzando el compromiso con la inclusión, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, y la perspectiva de género e interculturalidad que la ley estipula.

Finalmente, el artículo tercero transitorio de la iniciativa estipula que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México deberá emitir los lineamientos necesarios para la implementación correcta de este decreto en un plazo máximo de 90 días tras su publicación.