Este viernes varios diputados mexicanos realizaron un llamado para la liberación de Kenia Hernández Montalván, reconocida activista y abogada afroindígena amuzga, quien ha estado encarcelada desde 2020 bajo acusaciones que organizaciones de derechos humanos han acusado de ser fabricadas.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores miembros de la Comisión Indígena, presentaron un documento solicitando la libertad de Kenia. La diputada Fabiola Vite, expuso la situación legal de Hernández y criticó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) por no llegar a un acuerdo reparatorio que podría permitir su liberación.

La petición principal fue dirigida a CAPUFE, pidiéndoles que acepten un acuerdo reparatorio. Este acuerdo permitiría a Kenia salir de prisión sin aceptar culpabilidad, pagando una reparación por los daños alegados, lo cual evitaría que cargara con antecedentes penales. Según los diputados y activistas, CAPUFE ha sido renuente a estos acuerdos, lo que ha prolongado injustamente el encarcelamiento de la activista.

El movimiento en apoyo a Kenia Hernández ha ido creciendo, con más de 400 organizaciones civiles y sociales uniéndose para pedir su liberación.

Kenia Hernández fue detenida en junio de 2020 en el Estado de México, acusada de robo con violencia y daños a la propiedad durante una protesta en una caseta de peaje. Desde entonces, ha permanecido en prisión, enfrentando lo que organizaciones de DDHH y defensores describen como un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos.

Este caso no solo pone bajo el reflector el estado de los derechos humanos en México, sino que también plantea preguntas sobre la criminalización de la protesta y la defensa de los pueblos indígenas. La intervención de los diputados subraya un compromiso, al menos en palabras, con la justicia social y los derechos humanos, aunque también resalta las tensiones entre el poder judicial y las demandas de la sociedad civil.