Los vecinos de la colonia El Capulín y zonas aledañas en el poniente de la Ciudad de México han extendido sus protestas por quinto día consecutivo, demandando respuestas y soluciones a las afectaciones causadas por la construcción del Tren Interurbano «El Insurgente».

Desde el miércoles 8 de enero, manifestantes han mantenido bloqueos en la obra del tren, específicamente en los tramos que cruzan por El Capulín y la Presa de Tacubaya, en protesta por los daños a sus viviendas y el riesgo que representa el megaproyecto. Según el comunicado de prensa emitido por los manifestantes, a pesar de haber presentado un pliego petitorio desde el inicio de las protestas y de haber realizado reuniones con autoridades, no han recibido una respuesta satisfactoria.

El sábado 11 de enero, una mesa de trabajo con las autoridades resultó infructuosa, lo que llevó a la decisión de continuar con el bloqueo como medida de presión. Los manifestantes insisten en que no tolerarán más «juegos burocráticos» ni la falta de conocimiento sobre sus demandas por parte de las autoridades responsables del proyecto.

«Reanudamos con más fuerza esta jornada de lucha», declara el comunicado, subrayando que la protesta no cesará hasta obtener una solución concreta. Incluso han amenazado con extender las protestas a otros puntos de acceso y vialidades si no se atiende su petitorio.

Los vecinos del Capulín critican tanto al gobierno federal como al capitalino, afirmando que, a pesar de celebrar los primeros 100 días de la nueva administración, no se ha visto un cambio en la política de «promesas y engaños». Aseguran haber tocado diversas puertas, incluyendo una audiencia con la jefa de gobierno Clara Brugada y recorridos con secretarios y subsecretarios de obras en la zona afectada, sin avances significativos.

La pregunta central de los manifestantes es por qué las autoridades del tren continúan dándoles largas, desconociendo su pliego petitorio. La protesta en El Capulín continuará «hasta que tengamos solución», aseguran, marcando su determinación a no permitir más abusos ni omisiones por parte de las autoridades