Congreso local convocará a periodo extraordinario para aprobar reforma electoral a tiempo

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Tras la entrada en vigor de la reforma judicial en el Estado de México, el Congreso local planea convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes del 14 de enero, con el objetivo de aprobar las reformas electorales necesarias. Esto es crucial, ya que el 31 de enero es la fecha límite para iniciar el proceso electoral extraordinario donde se elegirán magistradas y juezas.

El diputado Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura mexiquense, indicó que la Diputación Permanente se reunirá pronto para convocar a este periodo, cumpliendo así con lo dispuesto en la reforma constitucional judicial.

Aunque la reforma establece en sus artículos transitorios un plazo de 160 días hábiles para ajustar las leyes estatales a partir de la entrada en vigor del decreto, también especifica que las reformas electorales deben estar listas y en vigor antes del 15 de enero de 2025.

Vázquez Rodríguez, también coordinador de morena, mencionó que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) comenzará el proceso electoral local extraordinario a más tardar el 31 de enero, para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia estatal, además de cubrir vacantes y retiros programados entre jueces y juezas.

En cuanto al presupuesto, el legislador aseguró que estarán atentos a las necesidades del IEEM, ya que la reforma permite solicitar una ampliación del presupuesto de 2025 para garantizar los recursos necesarios para la organización, desarrollo, seguimiento, cómputo y vigilancia del proceso electoral.

El diputado recordó que en la primera semana de febrero, la Legislatura o la Diputación Permanente emitirán la convocatoria para formar los listados de candidatos para la elección extraordinaria que renovará cargos en el Poder Judicial del Estado de México.

Para la selección de candidatos, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial deberá entregar a la Legislatura, a más tardar tres días después de que entre en vigor el decreto, un listado detallado de los cargos judiciales, su especialización, región, distrito, género, vacantes, renuncias y retiros programados.

Vázquez Rodríguez señaló que, hasta la primera semana de febrero de 2025, la Legislatura o la Diputación Permanente decidirán qué porcentaje de cargos se renovará en cada jurisdicción, considerando vacantes, renuncias y retiros programados, y las magistraturas restantes serán seleccionadas por insaculación pública, basándose en la renovación de la mitad de los cargos por especialización.

Para este proceso electoral local extraordinario de 2025, la Legislatura recibirá las postulaciones de los diferentes poderes y enviará los listados al IEEM antes del 28 de febrero de 2025.

Al felicitar a Fernando Díaz Juárez por asumir la presidencia del Poder Judicial estatal, Vázquez Rodríguez destacó que esta elección es un paso más hacia la materialización de la reforma judicial en la entidad, iniciada en el Congreso local, con el objetivo de construir un sistema judicial al servicio del pueblo.

El legislador subrayó que este proceso electoral responde a un mandato constitucional federal, aunque desde la LXII Legislatura mexiquense se hicieron los ajustes necesarios considerando la situación local, con la colaboración de representantes del Poder Judicial.

Entre los puntos clave de la reforma, se incluye un nuevo método para la elección de jueces y magistrados, que promete mayor transparencia y control en el registro del personal judicial, así como la reestructuración del Tribunal Superior de Justicia a través de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en reemplazo del Consejo de la Judicatura.

A diferencia de los candidatos a cargos políticos, quienes son postulados por partidos, los aspirantes a cargos en el Poder Judicial serán presentados por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a través de sus respectivos comités de evaluación.


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