El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), junto con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN), dio a conocer un posicionamiento público para recordar y denunciar los hechos ocurridos en enero de 2019 en el municipio de Amatán, Chiapas, cuando una agresión atribuida a un grupo paramilitar derivó en la muerte de José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, este último dirigente estatal del MOCRI e integrante de la dirección nacional de la CNPA-MN.

De acuerdo con el comunicado, la organización considera que los hechos se inscriben en un conflicto de carácter político y territorial entre comunidades campesinas organizadas y actores de poder local. El documento sostiene que la violencia ocurrió en el contexto de un proceso comunitario que cuestionaba prácticas de cacicazgo y buscaba incidir en la gestión municipal, así como en la mejora de condiciones de vida en la región.

Señalamientos sobre impunidad

A siete años de los acontecimientos, el MOCRI afirma que persiste un “pacto de impunidad” que, a su juicio, ha impedido sancionar a los responsables intelectuales de los homicidios. La organización señala que, aunque existen procesos judiciales, estos no han derivado en sentencias firmes contra quienes habrían ordenado los ataques. Asimismo, sostiene que algunas decisiones judiciales recientes han beneficiado a personas señaladas como responsables, lo que —según su postura— ha profundizado la percepción de falta de justicia.

En su pronunciamiento, el movimiento campesino hace un llamado al Poder Judicial de la Federación para revisar recursos legales pendientes y garantizar una resolución “eficaz y veraz” de los amparos relacionados con el caso. El objetivo, indica, es asegurar que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades conforme a la ley.

Derechos humanos y prevención

Entre los puntos centrales del posicionamiento se encuentra el reconocimiento de la recomendación VG/39-2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual, según la organización, documentó violaciones graves a derechos humanos vinculadas con los hechos de Amatán. A partir de ello, el MOCRI plantea la necesidad de desarticular grupos armados de carácter paramilitar en la región y de establecer garantías de no repetición para evitar nuevos episodios de violencia.

El comunicado también subraya la importancia de la memoria colectiva y del reconocimiento a las víctimas como parte de los procesos de verdad y justicia. En ese sentido, la organización reiteró consignas de continuidad de la lucha social y de exigencia de justicia para las personas fallecidas.

El posicionamiento se suma a otras demandas de organizaciones sociales que, en distintos momentos, han pedido el esclarecimiento de hechos de violencia en Chiapas y el fortalecimiento del estado de derecho en zonas con conflictos comunitarios y políticos de larga data.