La decisión judicial de descartar el delito de terrorismo, pero mantener al periodista Rafael León Segovia vinculado a proceso por otras acusaciones y bajo prisión domiciliaria, colocó nuevamente en el centro del debate público las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Veracruz, una de las entidades más riesgosas para la prensa en México, de acuerdo con señalamientos de organizaciones internacionales.

Desestimación del cargo más grave, pero continuidad del proceso penal

Este martes, un juez de control resolvió no sostener la imputación de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, al no encontrar elementos suficientes que acreditaran ese delito. Sin embargo, determinó vincularlo a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y por presuntas conductas en contra de las instituciones de seguridad pública.

Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión domiciliaria por un periodo de un año, decisión que limita la movilidad del comunicador mientras se desarrolla el proceso judicial.

Señalamientos de irregularidades en la actuación de la Fiscalía

De acuerdo con información documentada por Artículo 19, durante la audiencia se registraron inconsistencias y falta de solidez en los argumentos presentados por la Fiscalía, que intentó atribuir responsabilidad penal al periodista sin acreditar una relación efectiva con estructuras delictivas.

La defensa expuso que no se logró demostrar vínculo alguno entre el comunicador y actividades criminales, ni la existencia de un conocimiento previo de hechos ilícitos. Aun así, las acusaciones se mantuvieron con base en otros tipos penales.

El ejercicio periodístico como eje de la acusación

Uno de los puntos centrales observados en la audiencia fue que la Fiscalía habría sustentado parte de su acusación en la propia labor informativa del periodista. Según lo expuesto, se interpretó que la cobertura oportuna de ciertos hechos constituía un indicio de conocimiento previo de actividades delictivas.

Para la organización defensora de la libertad de expresión, esta lógica implica equiparar la rapidez y eficacia del trabajo periodístico con una presunta complicidad, lo que representa un criterio que podría afectar a otros comunicadores.

Uso de testigo protegido y pruebas cuestionadas

La acusación se apoyó, principalmente, en el testimonio de una persona bajo la figura de “testigo protegido”. Artículo 19 señaló que dichas declaraciones presentan contradicciones y habrían sido recabadas con irregularidades.

Asimismo, se cuestionó que coberturas periodísticas y la falta de denuncias formales por parte del comunicador fueran utilizadas como supuestas pruebas de conductas ilícitas, pese a que informar no constituye una obligación de denuncia ante autoridades.

Impacto de la medida cautelar y riesgos para la libertad de información

La imposición del arraigo domiciliario fue calificada como una medida desproporcionada, ya que impide al periodista salir a la calle y continuar con su trabajo informativo. Esto, según el análisis presentado, no solo afecta sus derechos individuales y su forma de vida, sino también el derecho de la sociedad a estar informada.

Artículo 19 subrayó que esta restricción se da en un contexto de amenazas y persecución previas, lo que incrementa el nivel de riesgo para el comunicador y su familia.

Preocupación por el precedente y exigencias institucionales

La organización advirtió que el caso sienta un precedente delicado para el ejercicio del periodismo, al abrir la puerta a la criminalización de la obtención y difusión de información de interés público.

También llamó la atención sobre la rapidez con la que se integró y judicializó una carpeta de investigación contra un periodista, en contraste con la falta de avances en casos de asesinatos de comunicadores en Veracruz, que permanecen en la impunidad.

Finalmente, Artículo 19 reiteró su llamado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que intervenga de manera inmediata, y exhortó tanto a la Fiscalía General del Estado como al Poder Judicial local a garantizar legalidad, independencia e imparcialidad en procesos que involucran a la prensa.