Un colectivo de organizaciones civiles de derechos humanos, encabezado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), emitió este 16 de diciembre de 2025 una acción urgente para exigir justicia, protección y garantías de no repetición en favor de la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

El pronunciamiento se da en el contexto del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, autoridad agraria de la comunidad, y de las lesiones por arma de fuego sufridas por el comunero Gabriel Aguilar Rojas, hechos ocurridos el 26 de noviembre pasado durante un episodio de violencia relacionado con la defensa del territorio comunal.

Exigencias ante un momento clave del proceso judicial

La acción urgente difundida este 16 de diciembre subraya que el caso se encuentra en una fase decisiva del proceso penal, luego de que uno de los presuntos agresores fuera presentado ante un juez. Ante este escenario, las organizaciones advierten sobre el riesgo de impunidad y demandan que las autoridades actúen con apego a la ley y con un enfoque de derechos humanos.

Entre las principales exigencias se encuentran la investigación exhaustiva de los hechos, la sanción efectiva de los responsables materiales e intelectuales, así como la adopción de medidas de protección inmediatas para la comunidad, sus autoridades tradicionales, testigos y familiares de las víctimas.

Protección integral para la comunidad y su territorio

El llamado también enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad colectiva de San Lorenzo de Azqueltán, particularmente de quienes habitan o trabajan en zonas comunales en disputa. Las organizaciones firmantes sostienen que la violencia registrada no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un conflicto territorial prolongado, marcado por agresiones, amenazas y omisiones institucionales.

En este sentido, la acción urgente plantea la urgencia de avanzar en el reconocimiento y protección jurídica del territorio comunal, como una medida estructural para prevenir nuevos episodios de violencia.

San Lorenzo de Azqueltán es una comunidad indígena wixárika que ha documentado, durante años, conflictos derivados de la defensa de sus tierras ancestrales y de su ejercicio de autonomía. Las organizaciones de derechos humanos señalan que esta situación ha colocado a la comunidad en una condición de vulnerabilidad permanente, agravada por la presencia de actores armados y la falta de respuestas eficaces del Estado.

Crece la solidaridad y el respaldo social

De manera paralela a la acción urgente de la Red TDT, decenas de organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos han emitido pronunciamientos públicos en solidaridad con la comunidad, sumándose a la exigencia de justicia para el pueblo wixárika y de garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos.

Estos posicionamientos coinciden en señalar que la resolución del caso de Azqueltán será un indicador clave del compromiso institucional para proteger a los pueblos originarios frente a la violencia y los conflictos territoriales.