El Gobierno de Perú anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con México, en respuesta al asilo político concedido a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez en la embajada mexicana en Lima. La decisión, comunicada por el canciller peruano Hugo de Zela durante una conferencia en la Torre Tagle, marca un nuevo punto de tensión en una relación bilateral deteriorada desde la crisis política peruana de 2022.
Betssy Chávez, de 43 años, fue jefa del Gabinete del expresidente Pedro Castillo durante apenas 18 días, antes del intento de disolución del Congreso ocurrido el 7 de diciembre de 2022, que derivó en la destitución y detención de Castillo por presuntos delitos de rebelión y conspiración. Chávez enfrenta cargos similares por conspiración agravada contra el Estado, con una posible condena de hasta 25 años de prisión.
Detenida en junio de 2023 y liberada tres meses después por el Tribunal Constitucional, que declaró arbitraria su detención preventiva, Chávez ha sostenido que su caso obedece a una persecución política. De acuerdo con registros migratorios peruanos, permanece desde el fin de semana en la residencia oficial de la Embajada de México en Lima.
México ya había concedido asilo a la familia de Castillo —su esposa e hijos—, y tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum han cuestionado públicamente el proceso judicial peruano, calificándolo como un “golpe de Estado”. El asilo a Chávez, según la cancillería mexicana, se enmarca en la tradición de refugio humanitario y en tratados internacionales como la Convención de Viena.
El Gobierno de Perú considera la acción mexicana una injerencia en sus asuntos internos y un acto inamistoso. Como respuesta inmediata, declaró persona non grata a Karla Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, otorgándole 72 horas para abandonar el país. El presidente interino José Jerí respaldó la medida, destacando la defensa de la soberanía nacional.
Las tensiones entre ambos países no son nuevas: en 2023 se produjo un retiro mutuo de embajadores y en 2024 se establecieron restricciones de visa recíprocas.
La ruptura representa uno de los conflictos diplomáticos más graves entre países latinoamericanos en décadas y podría tener repercusiones en organismos regionales como la CELAC y la OEA.
