Una investigación publicada por la agencia Reuters este miércoles, señala que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha instado a México a investigar y procesar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, e incluso extraditarlos si enfrentan cargos en territorio estadounidense. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de «absolutamente falsas».
Según Reuters, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, el secretario de Estado de EEUU., Marco Rubio, y su equipo han planteado esta solicitud en al menos tres ocasiones durante reuniones bilaterales con funcionarios mexicanos, incluyendo una el 27 de febrero en Washington, en la que participaron el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, junto con altos funcionarios estadounidenses de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro.
Las discusiones, según las fuentes de la agencia internacional, incluyeron la posibilidad de imponer aranceles a México si no se toman medidas contra la narcocorrupción, además de propuestas como agilizar capturas de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI, realizar inspecciones más rigurosas en la frontera y nombrar un «zar del fentanilo» para coordinar esfuerzos contra el tráfico de este opioide.
Las fuentes indicaron que las solicitudes de EEUU. incluyen investigaciones a varios políticos del partido Morena, en el poder, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuya visa de turista a EE. UU. fue revocada en mayo, según ella misma anunció sin detallar motivos. Reuters no pudo confirmar si EEUU. proporcionó a México una lista específica de políticos sospechosos o pruebas de sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La investigación destaca que una ofensiva contra funcionarios en activo sería un paso sin precedentes en México, donde los gobernadores y legisladores federales cuentan con inmunidad procesal para la mayoría de los delitos, salvo casos graves como narcotráfico, que requieren autorización del Congreso. Procesar a políticos en funciones ha sido históricamente considerado una «línea roja» en México, según diplomáticos consultados por Reuters, quienes recordaron la crisis diplomática de 2020 tras la detención en EEUU del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, cuyos cargos fueron retirados tras tensiones bilaterales.
En respuesta, la SRE emitió un comunicado negando que en las reuniones con Rubio o su equipo se hayan solicitado investigaciones, persecuciones o extradiciones de funcionarios mexicanos. La Cancillería subrayó que las conversaciones con EEUU se han centrado en alcanzar acuerdos basados en la soberanía, la coordinación sin subordinación y el respeto a los derechos humanos. .
México extraditó a 29 figuras de cárteles a EEUU a finales de febrero, la mayor entrega de este tipo en años, en un contexto de amenazas de Trump de imponer aranceles por la supuesta influencia de los cárteles en el gobierno mexicano.
