Sandra Domínguez Martínez, abogada y activista ayuujk (mixe) de 38 años, fue un pilar en la defensa de los derechos humanos y la justicia de género en Oaxaca, México. Originaria de San Isidro Huayapam, su trabajo se centró en visibilizar la violencia contra las mujeres indígenas. Su desaparición el 4 de octubre de 2024, junto a su esposo Alexander Hernández, en María Lombardo, San Juan Cotzocón, marcó un punto de inflexión en la lucha por la seguridad de las defensoras en México. Y finalmente este 28 de abril de 2025, se confirmó su localización sin vida e indicios de violencia.

Sandra Domínguez, luchadora incansable

Sandra se destacó desde joven por su valentía. Egresada de la Universidad Autónoma Indígena de México, en 2009 defendió a sus compañeros ante robos en el campus. Sin embargo, su legado se forjó en el activismo, denunciando casos de violencia de género, como el feminicidio de Fanny López Nolasco, y exponiendo redes de misoginia en el poder.

En 2020, Sandra destapó el chat de WhatsApp “Sierra XXX”, donde varios funcionarios compartían imágenes íntimas de mujeres mixes. En 2023, denunció otro chat, “Mega Peda”, y señaló al coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas, por operar un grupo similar. Estas acusaciones le valieron amenazas de muerte y vigilancia constante, pero nunca cedió en su compromiso.

Desaparición y búsqueda

Sandra y Alexander desaparecieron el 4 de octubre de 2024. La camioneta que usaban fue hallada seis días después en Playa Vicente, Veracruz, a 68 km de su hogar. Las autoridades reportaron actividad en sus teléfonos en Veracruz, pero los avances fueron escasos. La familia, liderada por su madre Marina Martínez y sus hermanas Kenia y Kisha Domínguez, enfrentó intimidaciones, como persecuciones por personas en motocicletas.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, inicialmente descartó la vinculación de Vargas con la desaparición, pero tras presión pública, se abrieron cuatro líneas de investigación: su activismo, su trabajo como abogada, las actividades de su esposo y posible violencia de género. La Fiscalía detuvo a un sujeto en Veracruz el 20 de octubre de 2024, quien portaba el teléfono de Sandra, y en enero de 2025, un operativo en Veracruz dejó tres presuntos delincuentes y un agente federal muertos, incluido el supuesto líder de una célula delictiva vinculada al caso.

La familia instaló un plantón frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, exigiendo la aparición con vida de Sandra. Durante 13 días, enfrentaron hostigamientos, como cortes de luz y fotografias sin consentimiento. También llevaron su reclamo al Palacio Nacional, denunciando la inacción estatal. Organizaciones como Amnistía Internacional, la ONU y la CNDH exigieron una búsqueda efectiva.

Confirmación de su muerte y versiones oficiales

El 28 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), encabezada por el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó en una conferencia de prensa durante la mañanera del gobernador Salomón Jara que los cuerpos sin vida de Sandra Estéfana Domínguez Martínez y Alexander Hernández Hernández fueron localizados el 24 de abril de 2025 en dos fosas clandestinas en un rancho en el camino de terracería de La Ceiba a Unión Progreso, Santiago Sochiapan, Veracruz.

Los restos, hallados tras un cateo, mostraban signos de violencia y disparos de arma de fuego, y estaban cubiertos con cal, lo que permitió su conservación pese al tiempo transcurrido. Las pruebas periciales, incluyendo estudios forenses, confirmaron su identidad.

Rodríguez Alamilla señaló que las investigaciones apuntan a células delictivas de Veracruz como responsables, descartando la relación con el activismo de Sandra. Según el fiscal, el crimen estaría vinculado a un conflicto entre grupos criminales, alegando que Alexander Hernández tenía nexos con una célula rival que disputaba el control de la zona de María Lombardo. Esta narrativa refuerza declaraciones previas de la Fiscalía, que desde octubre de 2024 sugirió que la desaparición se debió a un “conflicto de negocios” de Hernández con el crimen organizado.

El fiscal destacó que el operativo del 24 de abril fue resultado de trabajos de inteligencia previos, como el hallazgo de la camioneta de las víctimas el 5 de octubre de 2024 y del teléfono de Sandra el 17 de octubre de 2024 en El Nigromante, Veracruz. También mencionó un enfrentamiento el 29 de enero de 2025 en el rancho “El Capricho”, donde fue abatido Artemio García Torres, presunto implicado, junto a dos acompañantes y un agente federal. Una mujer, identificada como C., permanece en prisión preventiva por el caso.

Sin embargo, la Fiscalía no ha proporcionado detalles sobre los responsables específicos ni ha aclarado por qué las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias de Sandra contra funcionarios, como Donato Vargas, fueron archivadas inicialmente. Esta opacidad ha generado críticas, especialmente porque Vargas sigue en su cargo como coordinador de Delegados de Paz.

Conferencia de prensa de la familia

Tras la confirmación de la muerte de Sandra, las hermanas Kenia y Kisha Domínguez, y la madre Marina Martínez, ofrecieron una conferencia de prensa, acompañadas por activistas. Confirmaron el hallazgo de los cuerpos, pero enfatizaron que “Sandra no está en casa como soñábamos”. Declararon que su hermana será recordada como “una defensora incansable que abrazó la defensa de su pueblo y puso en evidencia la violencia de género”.

Exigieron que se investiguen a fondo las denuncias de Sandra contra funcionarios y que no se criminalice a las víctimas, rechazando la narrativa que vincula el caso únicamente al crimen organizado.

La familia criticó la lentitud de la Fiscalía y la falta de comunicación directa, señalando que a menudo se enteraron de avances por la prensa. También denunciaron la ausencia de medidas de protección efectivas, a pesar de que Sandra solicitó seguridad en cinco ocasiones, otorgada solo de forma intermitente.

La muerte de Sandra desató indignación entre activistas y colectivos. La organización Ley Olimpia Latinoamerica exigió “¡Justicia para Sandra!” y señaló la impunidad de los funcionarios denunciados por violencia digital. Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, comparó el caso con las desapariciones de Irma Galindo y Claudia Uruchurtu, exigiendo que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por la parcialidad local.