El día de hoy Canadá anunció oficialmente la designación de varios cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, alineándose con una medida similar a la adoptada por Estados Unidos apenas un día antes.
Esta decisión, liderada por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau y formalizada por el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, marca un giro significativo en la estrategia canadiense para enfrentar el crimen organizado transnacional y la crisis del fentanilo que azota al país. Sin embargo, este paso no está exento de controversias ni de implicaciones que podrían resonar más allá de las fronteras canadienses, especialmente en su relación con México. A continuación, exploramos los detalles de esta designación y sus posibles consecuencias.
La designación incluye a cinco cárteles mexicanos prominentes —el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos—, además de dos pandillas internacionales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua de Venezuela.
Esta medida responde a la creciente preocupación por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha disparado las tasas de mortalidad por sobredosis en Canadá y Estados Unidos. Según McGuinty, estos grupos no solo alimentan esta crisis de salud pública, sino que también emplean «métodos extremos de violencia» y participan en actividades como el contrabando de personas, lo que justifica su clasificación como terroristas bajo el Código Penal canadiense.
La decisión de Canadá parece estar influenciada por presiones externas, particularmente de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que ha hecho de la lucha contra los cárteles una prioridad. A principios de febrero, Trudeau acordó con Trump retrasar la imposición de aranceles del 25% a productos canadienses a cambio de compromisos como este, lo que sugiere que la designación es tanto una estrategia doméstica como un movimiento diplomático para preservar la estabilidad económica en el marco del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).
En términos prácticos, catalogar a estos cárteles como organizaciones terroristas otorga a las autoridades canadienses herramientas legales más robustas. Esto incluye la capacidad de congelar activos y propiedades vinculados a estos grupos en territorio canadiense, prohibir cualquier forma de financiación o colaboración con ellos y restringir los viajes de sus miembros o asociados.
Además, la policía y las agencias de inteligencia, como la Real Policía Montada de Canadá, podrán intensificar la vigilancia financiera para rastrear y desmantelar las redes de lavado de dinero que sostienen las operaciones de los cárteles.
El enfoque en «seguir el dinero», como lo expresó McGuinty, apunta a cortar las arterias financieras del crimen organizado, una estrategia que podría tener éxito dado el sofisticado sistema de blanqueo que estos grupos han desarrollado a nivel global. Sin embargo, algunos expertos, como el abogado Jeffrey Simser, han calificado esta medida como «performativa», argumentando que su impacto real podría ser limitado si no se acompaña de una cooperación internacional más amplia.
