Medios estadounidenses como CNN y The New York Times han revelado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ha intensificado el uso de drones MQ-9 Reaper sobre territorio mexicano. Estos vuelos, que comenzaron durante la administración de Joe Biden y han continuado y escalado bajo Donald Trump, tienen como objetivo principal espiar y recopilar inteligencia sobre las operaciones de los cárteles de la droga, con un enfoque particular en los laboratorios de fentanilo.

La información obtenida hasta ahora sugiere que estos drones no están actualmente armados para ataques letales, pero su presencia en el espacio aéreo mexicano ha causado revuelo diplomático y ha suscitado debates sobre soberanía y cooperación bilateral. Según fuentes de inteligencia, los datos recopilados por estos aparatos son compartidos con autoridades mexicanas, aunque la colaboración oficial no ha sido del todo confirmada por parte del gobierno de México.

El aumento de estos vuelos se enmarca en una estrategia más agresiva por parte de la administración Trump para abordar la crisis de fentanilo y el tráfico de drogas en general. El presidente estadounidense ha prometido una acción más contundente contra los cárteles, incluso sugiriendo designarlos como organizaciones terroristas, un paso que podría permitir operaciones militares directas contra estos grupos.

Desde el lado mexicano, la reacción ha sido variada. La presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado la gravedad de estos vuelos, calificándolos de parte de una «campañita» mediática, y ha subrayado que las aeronaves estadounidenses han operado en espacio aéreo internacional. Sin embargo, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, expresó que, aunque los vuelos no han violado el espacio aéreo nacional, no puede descartarse el espionaje. Este reconocimiento de facto de la presencia de drones estadounidenses dentro del territorio mexicano añade un matiz complejo a las relaciones bilaterales.

Los vuelos de drones forman parte de una red más amplia de vigilancia que incluye aviones espía U-2, RC-135 Rivet Joint y P-8 Poseidon, según se ha reportado. Este esfuerzo combinado por parte de la CIA, el Pentágono, y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. refleja una reorientación de los recursos antiterroristas hacia la frontera sur, tratando el narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional comparable al terrorismo internacional.

No obstante, estas operaciones han generado controversia. La soberanía nacional y la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad siempre han sido terrenos delicados. La posibilidad de que estos vuelos sean el preludio de una acción militar directa contra los cárteles en suelo mexicano ha despertado preocupación sobre las implicaciones a largo plazo para la estabilidad regional y las relaciones diplomáticas.