José Antonio Ortega/Apocaliptic.com

La denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República, el ex director de Petróleos Mexicanos y que por primera vez involucra penalmente, de manera formal, a dos ex presidentes, por los casos Odebrecht y la planta Etileno XXI, tiene como común denominador a la corrupción.

Es innegable que el fenómeno de la corrupción ha sido el cáncer que ha socavado el desarrollo y el progreso no sólo de México, sino también de varios países de América Latina donde el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de los dineros públicos y los fraudes contra el erario se cometían con impunidad rampante, corroyendo  las altas esferas del poder público.

Así lo vivimos los mexicanos durante prácticamente todo el siglo pasado, en el que estuvimos a merced de un régimen de partido único, que supo hacer del corporativismo una estructura prácticamente invencible a la que Mario Vargas Llosa calificó en 1990 como dictadura perfecta, en un encuentro con intelectuales.

Cosa de recordar que en aquella reunión denominada como “Encuentro Vuelta”, que  organizó el escritor mexicano Octavio Paz (1914-1998), Premio Nobel de Literatura, y se transmitió por televisión el 30 de agosto de 1990 por el canal 2 de Televisa el escritor peruano aseveró que nuestro país era la dictadura “no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.

Inamovible en ese entonces y hasta el inicio del nuevo milenio cuando los mexicanos optamos aquel domingo 2 de julio del año 2000 por una transición democrática y decidimos por la vía del voto un cambio de régimen que, lamentablemente –en los hechos-  únicamente se tradujo en un cambio de administración.

A lo largo de los doce años que ocuparon la titularidad del Ejecutivo federal, los gobiernos de la anhelada alternancia adoptaron las mismas prácticas de sus antecesores, haciendo del cochupo y la componenda, cera y pabilo en el ejercicio del poder público en connivencia con una partidocracia que lejos de representar a sus electores, fue seducida por el poder, que la sometió a fuerza de billetazos.

Mientras tanto…

En el contexto latinoamericano, una situación similar vivieron varios países de América Latina, durante segunda mitad del siglo XX, al padecer regímenes abiertamente dictatoriales caracterizados por golpes de estado, asonadas militares y presidencias vitalicias, gobiernos que también sucumbieron a la corrupción y el enriquecimiento ilícito de sus presidentes como ocurrió en: Argentina, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Haití, Cuba, Guatemala y República Dominicana, por citar a los más representativos.

Situación que cambió al término de las dictaduras, aunque no de manera significativa, porque el manto de la descomposición alcanzó a otros países de la mano corruptora de Marcelo Odebrecht, presidente de la poderosa constructora brasileña Odebrecht, que aceptó haber repartido sobornos por 788 millones de dólares, para apoyar procesos electorales en al menos una docena de países a cambio de futuros contratos.

Un esquema corruptor que hoy por hoy mantiene en la cárcel o sujetos a proceso a varios políticos y que acabó literalmente con el dos veces presidente de Perú, Alán García Pérez, quien decidió suicidarse antes que ir a prisión.

La justicia alcanzó, a los ex presidentes peruanos Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como al ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de prisión… Historias que –parece- se estarán replicando.

Por lo tanto…

Y más allá de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) haya determinado -desde el 3 de junio de 2019-, que prescribieron las acusaciones contra Odebrecht por el supuesto financiamiento en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, lo que yace en el fondo de esta trama, lo que persigue la 4T, es desenmascarar la corrupción de los gobiernos que le antecedieron.

Es por ello que se decidió echar mano de los dichos y acusaciones de un Emilio Lozoya que argumenta haber sido “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado” por sus jefes, para la comisión de diversos delitos y dijo que denunciaría a los autores de dichas presiones y actos de corrupción, y lo cumplió.

No obstante y atendiendo el aforismo jurídico afirmantti incumbit probatio que señala que el que afirma, está obligado a probar, ya se verá si la denuncia de hechos contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, que de paso podría alcanzar también al ex presidente  Felipe Calderón y a algunos diputados y senadores que aprobaron con sobornos las llamadas reformas estructurales en el sexenio anterior.

De ser acreditados los dichos en su contra, los ex mandatarios y legisladores señalados podrían correr –en su caso- la misma suerte de los ex presidentes Rafael Correa de Ecuador, Álvaro Uribe de Colombia, Michel Temer de Brasil, Otto Pérez Molina de Guatemala y Alberto Fujimori de Perú, acusados de corrupción.

De concretarse la aplicación de la ley contra esa clase política mexicana que en vez de servir a la nación se sirvió de ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría acreditando en los hechos que su llegada al poder no es un simple cambio de administración, sino un cambio de régimen: una transición. Ya se verá, el proceso apenas comienza y todos sabemos lo que tardan los trámites de ley.