Bajo la dirección del diputado Maurilio Hernández González de Morena, la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México ha aprobado por mayoría la lista de 88 cargos judiciales que serán elegidos en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. Esta decisión se enmarca dentro de la reforma judicial aprobada por el Congreso local para la elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial.
De estos cargos, 28 corresponden a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, cinco al Tribunal de Disciplina Judicial, y 55 a diferentes juzgados. La reforma especifica que en esta elección se renovará la mitad de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, además de cubrir vacantes y retiros programados de jueces y jueces. La renovación completa de los cargos judiciales se espera para la elección local ordinaria de 2027.
El listado de cargos a renovar fue proporcionado por el Consejo de la Judicatura, detallando información sobre la región, distrito judicial, especialización, género, y las razones de las vacantes, como renuncias, jubilaciones o creación de nuevos puestos. De las 33 magistraturas vacantes, 21 son por renuncias voluntarias, una por retiro programado, seis por nuevas creaciones y cinco para el Tribunal de Disciplina Judicial. Las 55 vacantes de jueces y juezas se deben a procesos de ratificación incompletos, concursos de oposición no concluidos o jubilaciones.
En la sesión, se aprobó la renuncia de 20 magistrados, incluyendo a Patricia Lucía Martínez Esparza, Ana Rosa Miranda Nava, y Raúl Aarón Romero Ortega, entre otros, con fechas efectivas desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
En las próximas etapas, durante la primera semana de febrero de 2025, se emitirá una convocatoria para seleccionar a los candidatos que competirán en esta elección extraordinaria. Esta convocatoria será basada en la lista aprobada, y las postulaciones deberán ser enviadas al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a más tardar el 28 de febrero de 2025.
Este proceso refleja un cambio significativo en cómo se eligen los funcionarios judiciales en el Estado de México, introduciendo la participación ciudadana directa en la selección de quienes administrarán justicia.
