La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves una sentencia condenatoria contra el estado mexicano, por su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada del chiapaneco Antonio González Méndez.
Aunque los paramilitares coludidos con el Ejército Mexicano, intentaron borrar su rastro, de González Méndez sobreviven no solo su esposa e hijos, sino también su causa, la cual ha llevado al estado mexicano nuevamente ante los tribunales internacionales.
González Méndez, fue desaparecido el 18 de enero de 1999 en la localidad de Sabanilla, Chiapas, en un contexto de represión del estado mexicano, contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los movimientos solidarios.
Aunque Antonio no era parte de la organización armada, sí pertenecía a las bases civiles del EZLN, y habría sido levantado y desaparecido concretamente por el grupo paramilitar Paz y Justicia que operó en diversos municipios de dicha región.
Cabe recordar que durante el sexenio de López Obrador, la CIDH ya había emitido una resolución, donde conminaba al gobierno mexicano a emitir disculpas públicas por el caso, e implementar una serie de medidas para dar respuesta a las interrogantes de esta denuncia.
No obstante que debido a los nulos avances en las investigaciones sobre el caso, es que organizaciones de DDHH que han visibilizado la desaparición de González Méndez desde hace años, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunciaron el desinterés del estado mexicano por reanudar las indagatorias.
Fue así que el caso llegó nuevamente ante la CIDH, donde fue revisado por varios meses, hasta que esta semana finalmente ha sido emitida una nueva sentencia, aprobada por la mayoría de los jueces, en un proceso donde no tuvo participación por reglamento el juez de origen mexicano.
Con esta sentencia, se exige al estado mexicano, que asuma su responsabilidad, y reanude las investigaciones para dar respuesta al paradero de Antonio González, señalando las omisiones que se han venido cometiendo de forma reiterada.
Tras documentar los indicios que se tienen, acerca de la posible desaparición forzada perpetrada por un grupo paramilitar, también se reconocen la admisibilidad de las pruebas documentales, testimoniales y periciales sobre el caso.
En el apartado de reparaciones, se exhorta al gobierno mexicano también a generar medidas de rehabilitación y de satisfacción para la familia que ha sido víctima por la pérdida de quien en ese entonces representaba el principal sustento familiar.
Además, se conmina al gobierno mexicano a ofrecer garantías de no repetición, así como a actualizar el registro de personas desaparecidas y de casos de desaparición forzada.
Diversos organismos de DDHH, como el mismo Centro Frayba, se congratularon este mismo jueves por la sentencia de la CIDH, la cual calificaron como histórica, tanto «por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999«.
En la misiva también reiteran que «el Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres«.
Asimismo reconocieron que «la decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel».