Una gran controversia se ha generado esta semana, ante la presunta obstrucción del Poder Judicial, para que se concrete una extradición y orden de captura contra el empresario Óscar Manuel Herrejón Caballero, quien está siendo investigado por el delito de violación.

El sujeto, fue detenido meses atrás en Italia, y se tenía programado que esta semana llegara a territorio mexicano, para ser ingresado en el Centro de Readapatación Social de Almoloya de Juárez, no obstante que una jueza lo habría salvado de última hora.

Este miércoles, en el primer cuadro de la capital mexiquense, se llevó a cabo una protesta de organizaciones feministas, quienes están señalando a la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, de haber otorgado un amparo que estaría evitando que se concrete la orden de aprehensión.

Dos de las víctimas del empresario, quienes también eran presuntamente sus trabajadoras, emitieron una carta pública, dirigida a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez, pidiendo su intervención en el caso, y denunciando el presunto tráfico de influencias de parte del empresario.

Cabe recordar que se trata de un poderoso empresario, que ha sido vinculado con el dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, con quien aparece conviviendo en múltiples fotografías.

En la misiva, acusan a este personaje político, de ser quien está interviniendo con sus influencias en el Poder Judicial, buscando proteger al buscado empresario.

El hijo del empresario detenido en Italia, es el director de Casa de Bolsa Masari, entidad financiera que también aspiraba a convertirse en institución bancaria, solicitud que finalmente fue retirada semanas atrás, en el marco del escándalo generado por las acusaciones en contra de su padre.

Las víctimas, así como decenas de activistas que están acompañando su causa, denuncian que la resolución de la juez de la Ciudad de México, contraviene otras resoluciones legales que estaban vigentes, y que solo tienen por objeto impedir que la fiscalía encabezada por José Luis Cervantes, pueda avanzar en las diligencias para poner tras rejas mexicanas al acusado.

Cabe recordar que meses atrás, también un juez del Poder Judicial del Estado de México, había invalidado una de las órdenes de captura en su contra; no obstante que según versiones de la defensa de una de las víctimas, el motivo fue una serie de errores técnicos en el proceso judicial, y no por falta de pruebas en contra del acusado.