El sexenio de López Obrador, estará marcado por una traición en particular; claro que hay muchas, incluida la que le acusan a él las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero quizá más estrepitosa aún, por representar una contradicción absoluta con lo que significó este sexenio, es la traición que las fuerzas armadas hicieron al presidente de la república.

López Obrador, fue engañado por el Ejército Mexicano, encabezado por el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; hoy, a 10 años del crimen que conmocionó a una nación, la evidencia existente representa una muestra irrefutable de este hecho gravísimo, que es también en gran medida la explicación del fracaso, en el objetivo y promesa presidencial, de otorgar certeza y verdad a las familias.

Un ejército de mentiras

La SEDENA, provocó que el presidente de México, quedara expuesto en múltiples mentiras; quizá no es que López Obrador sea un mentiroso que ha intentado engañar a las familias de los desaparecidos, al parecer, fue el Ejército Mexicano, quien de forma reiterada le presentó reportes falsos, lo cual además ha provocado un histórico rompimiento, con una de las causas sociales más importantes de la historia reciente de nuestro país.

López Obrador, concedió a las fuerzas armadas un poder extraordinario, y una serie de privilegios y concesiones, como jamás antes tuvo el Ejército Mexicano.

No obstante que en vez de cuidarle las espaldas, las autoridades encargadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo expusieron, provocaron que mintiera, y que hasta fuera acusado de traición por las familias de Ayotzinapa, quienes lideran una de las causas sociales, de izquierda y de abajo, más importantes, numerosas y representativas de todo México.

Los engaños del ejército mexicano son claros, para todo aquel que tenga reales intención de ver lo que está sucediendo.

Por ejemplo, el pasado 8 de julio, el presidente de México, en su primer reporte oficial a las familias de Ayotzinapa, afirmó que Julio César Patolzin, no era un soldado infiltrado en la normal, sino que había ingresado de forma voluntaria a la escuela normal Isidro Burgos, «como parte de su deseo de superarse y convertise en maestro».

Hoy, esto ha quedado totalmente desacreditado, después de que un informe de la Sedena obtenido por el periodista Juan Omar Fierro, donde se reconoció con todo detalle que Patolzin realizaba trabajos de inteligencia como informante encubierto del ejército, espiando la labor de los normalistas al interior de la escuela.

Patolzin enviaba sus reportes vía mensaje de texto, y se reunía una vez a la semana con un miembro de la Sedena para reportar sus labores de inteligencia al ejército mexicano.

Contrario a las afirmaciones del presidente, se demostró además que Patolzin, hoy uno de los 43 desaparecidos, sí realizó además pruebas para acreditarse como oficial de inteligencia, y también que la Sedena hizo múltiples gestiones después de la desaparición, tratando de impedir que se tuviera conocimiento de que se trataba de un sujeto que estaba operando de forma encubierta para el Ejército Mexicano.

En la misma filtración de documentos, también se encuentra la huella que delata que las mentiras del presidente, tienen su origen en las mentiras que le entregó el Ejército Mexicano en un reporte sobre la situación de este militar que era parte del 50/o Batallón de Infantería.

Otro ejemplo de las mentiras del ejército, lo destaca el mismo Francisco Cox, quien fuera por varios años miembro del GIEI, quien subraya la constante negación de la Sedena, acerca de la existencia de los documentos faltantes que el GIEI viene denunciando.

Desde inicios del sexenio, el ejército mexicano afirmó que «no había más documentos por entregar», no obstante que paulatinamente, y cada que surge un nuevo incidente de presión social, y una nueva solicitud del presidente, resulta que «aparece» un nuevo lote de documentos faltantes, contradiciando así, una y otra vez, las afirmaciones de que «no queda nada más por entregar».

Es importante también señalar, que gran parte de la exigencia para presentar más de 800 documentos faltantes, cuya existencia fue demostrada por el GIEI, radica además en el hecho que se trataría de documentos de suma importancia, que relatan sucesos clave del Caso Ayotzinapa.

Aunque la Sedena, ha negado múltiples veces, tanto en el anterior sexenio, como en el actual, que tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo con los muchachos desaparecidos al momento que se presentaron los hechos, hay un documento en particular, que obtuvo el GIEI, y que comprueba que el ejército sí tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos relativos a la desaparición forzada.

Además de los múltiples OBI’s que informaban en tiempo real y desde el lugar de los hechos, y cuya existencia quedó acreditada desde los primeros meses de las investigaciones, es particularmente relevante el caso de un documento obtenido años después por el GIEI, donde se demuestra que el ejército interceptó una conversación entre un policía y un miembro de la delincuencia organizada, donde se daban instrucciones acerca de a donde llevar a los jóvenes que acababan de ser levantados.

Esta es una prueba irrefutable de que el ejército tenía conocimiento de los hechos que estaban provocando una desaparición forzada, pero lo más extraño del caso, es que los documentos previos y subsecuentes, están todos tan desaparecidos como los estudiantes; y aunque el GIEI documentó incluso los folios de esos más de 800 documentos, a la fecha, el ejército mexicano sigue negando su existencia, y solo liberando cada cierto tiempo una pequeña cantidad, pero buscando también tener un mínimo impacto en las investigaciones.

En el tercer y más reciente reporte de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que acaba de ser publicado en el marco del décimo aniversario, se entregaron apenas documentos relacionados con 15 de los folios que están siendo solicitados, no obstante que solo 8 de estos se relacionan con los sucesos, como detalla la revisión de Juan Gómez en Fábrica de Periodismo, quien describe el informe como un «recuento de la raquítica información de inteligencia militar localizada en los archivos de la Comisión».

Las mentiras reiteradas del ejército, demostradas también tras el análisis de la telefonía de varios militares del 27 Batallón, no solo parecerían obstruir la búsqueda de la verdad, sino que incluso podrían representar algo más grave, como infiere el Dr. Carlos Beristain, uno de los dos miembros del GIEI que aguantaron hasta el final de las investigaciones, quien al respecto señala, parafraseando a Hanna Arendt: «Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira».

«Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene«, señala también el mismo Beristain.

Cabe señalar también que las investigaciones del caso, también han revelado otras cuestiones graves, como las comunicaciones que sostenía el general al mando del 41 Batallón con sede en Totoloapan, y quien habría mantenido una íntima relación de complicidad con el crimen organizado, lo cual también obligaría a evaluar la dimensión de los nexos, incluso más allá del contexto de Ayotzinapa.

Las consecuencias de la infamia

La traición del ejército a López Obrador, quien confió ciegamente en ellos, también ha provocado situaciones insólitas, como el hecho que el presidente de la república, salga a reconocer que se está cediendo a chantajes de un -ex- miembro del crimen organizado, en beneficio de otro criminal de un cártel sanguinario.

Desde hace varias semanas había causado gran polémica el anuncio de que Gildardo Astudillo «El Gil», estaría colaborando como testigo protegido, y que a cambio de colaborar, había solicitado que el gobierno de México cancelara la orden de extradición de Abigael González Valencia «El Cuini», uno de los altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien ya tenía su destino en una cárcel de los Estados Unidos.

Este jueves, el presidente de México, publicó una carta dirigida a los padres de Ayotzinapa, donde desde la primer página, reconoce estas insólitas negociaciones, en beneficio de un cártel que en apariencia nada tuvo que ver con los desaparecidos de Ayotzinapa, no obstante que se trataría de una relación de amistad, o algún tipo de colaboración extraordinaria, derivada de la convivencia que habría tenido este alto mando del CJNG con «El Gil», al interior del penal del Altiplano.

Más vergonzo resulta que un primer mandatario del país reconozca que aceptaron estos chantajes de El Gil, considerando que además este acuerdo al parecer finalmente no derivó en ningún avance en las investigaciones, motivo por el cual el trato se habría roto en días recientes, derivando así en la captura y encarcelamiento de El Gil, por otros cargos.

Cabe señalar que el presidente también mintió, igual, posiblemente debido a informaciones erróneas recibidas, cuando afirmó que estas negociaciones con El Gil se realizaron en el periodo que Encinas estaba en la Covaj; sin embargo, el mismo reporte oficial que acaba de presentar la Covaj, delata que se trató en realidad de negociaciones recientes.

Es de destacar que la participación de El Gil, no es una cuestión menor, aunque el gobierno mexicano no lo ha reconocido abiertamente, investigadores como Pablo Ferri de El País, sostienen que fue él, quien en compañía de otro misterioso joven aún no identificado, llevó a los investigadores hasta la barranca de La Carnicería, que es donde se localizaron los restos de Jhosivani Guerrero y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, dos de los tres únicos estudiantes que han podido ser localizados.

Es decir, El Gil, podría ser un elemento clave para resolver el caso, no obstante que las múltiples contradicciones y mentiras que ha emitido en sus declaraciones, al parecer tratando de minimizar su participación en los hechos, han provocado que al día de hoy no se tenga plena certeza de su papel, y de los datos certeros de los cuales tiene pleno conocimiento.

El mismo presidente, en su última carta a las familias, reconoce que la colaboración con El Gil no ha sido la esperada, no obstante expresó sus deseos de que el caso finalmente pueda ser resuelto en el periodo de Claudia Sheinbaum.

Fue el Estado

La carta final de López Obrador sobre el tema, al igual que todas sus declaraciones de los últimos años, y también el fragmento de su libro dedicado al caso, parece ir encaminada a dos cuestiones particulares: una, los intentos de exoneración de las fuerzas armadas y las acusaciones contra organizaciones civiles; y por otra parte, el apoyo a su versión de los hechos, muy parecida a lo que fue la Verdad Histórica, donde se intenta reducir lo sucedido a una acción de un grupo delincuencial de poca monta y complicidad con autoridades locales, lo que acertadamente es calificado por el periodista John Gibler, como «La Verdad Histérica» de López Obrador.

Gibler, al igual que el resto de periodistas serios que han dado puntual seguimiento al caso desde hace años, también coincide en criticar severamente la posición del ejecutivo, que parece estar más sustentada en intereses políticos, que en la evidencia científica que se ha recabado a la fecha.

«Y así hemos vuelto, al cumplirse diez años de la desaparición forzada de los normalistas, diez años de mentiras e inventos y de desprecio, a enfrentarnos con un gobierno que se olvida de los chats de WhatsApp falsificados, que niega la existencia de los documentos militares ya descubiertos y los que no se han entregado, que ignora la montaña de evidencia científica sobre un crimen de Estado que llevan una década sosteniendo. Es así que hemos vuelto al inicio: al basurero de Cocula, a “la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”, y a la permanencia de un demonio dentro del Estado mexicano que nos condena al eterno retorno de la impunidad«, señala Gibler en su crónica de la situación actual.

La defensa absoluta al ejército, también contrasta con los continuos señalamientos y evidencias; y es que a diferencia de la nueva verdad oficialista de los hechos, los documentos que han mostrado con relativa claridad parte del rompecabezas, delatan el involucramiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Por ejemplo, fueron miembros del ejército mexicano, quienes desviaron las cámaras del sistema de videovigilancia C5, en el momento que los estudiantes eran trasladados después de su rapto; fueron también autoridades del gobierno estatal, quienes desaparecieron las grabaciones de las cámaras del exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde se habría registrado el momento en que fueron levantados los estudiantes.

Otro tema crucial que falta por clarificar, además del origen de los restos localizados en este sexenio, es el origen de los restos de Mora Venancio, localizados en el marco de una operación que tenía todos los indicios de una maniobra de sembrado de evidencias, y que fue encabezado por Tomás Zerón. El hecho de que un funcionario federal, haya logrado obtener los restos de un normalista, y que después surjan múltiples indicios que cuestionen la forma en la cual se generó este hallazgo, sería una evidencia absoluta de que no se trató de una operación de mafias locales, sino que contó con la participación de los más altos mandos del gobierno federal; lo cual, de forma casi ineludible, también tendría que involucrar al ejército mexicano.

¿Porqué?

Una de las preguntas más importantes que prevalecen a la fecha, es acerca de las motivaciones para cometer un crimen de semejante perversidad.

Una de las hipótesis que han tenido más repercusión, es la que se relaciona con la ruta de la heroína que mantenía Guerreros Unidos, desde Iguala hasta Illinois, y cuyo principal móvil serían autobuses que salían de la misma central camionera, donde irrumpieron los normalistas aquella noche.

La periodista Anabel Hernández, a quien el presidente López Obrador critica en gran parte de su última carta, llegó a recopilar testimonios de presuntos testigos, que afirman que el problema fue que los estudiantes atestiguaron la presencia de un cargamento de heroína en los camiones secuestrados, y que por tanto se dio la orden de eliminarlos.

Sin embargo, esta versión presenta una contradicción que debería refutarla de forma categórica, y es que los estudiantes desaparecidos, son quienes iban en los autobuses Estrella de Oro (1531 y 1568), y estos, ya habían sido tomados desde días atrás, y estuvieron también varias noches en la normal rural de Ayotzinapa.

Los autobuses que tomaron el 26 de septiembre en la central de Iguala, fueron dos Costa Line y un Estrella Roja, los estudiantes que venían en estos tres autobuses, todos ellos sobrevivieron, pero no así, quienes venían a bordo de los autobuses con los que originalmente llegaron esa noche a Iguala.

Si esos autobuses, hubieran tenido un cargamento de «dos millones de dólares», como señaló el testigo a Anabel Hernández, ya hubiera sido recuperado desde antes, y más aún, en la escuela de Tixtla, que hubiera representado una operación más sencilla, que apoderarse de los autobuses en una persecución en calles céntricas de Iguala ante cientos de testigos.

Aún así, no se puede descartar que el cargamento en cuestión, no estuviera al interior de un Estrella de Oro, sino en el Estrella Roja, también conocido como el famoso «Quinto Autobús», que como señala Francisco Cox, es una de las hipótesis más plausibles, toda vez que este autobús recibió un trato especial, que permitió ocultar por mucho tiempo su existencia, y que se le permitió una evacuación rápida, en un contexto donde se había bloqueado el paso en todas las salidas de la ciudad.

Si ese fue el caso, la agresión a los estudiantes no habría sido por haber atestiguado la presencia de un cargamento con droga, sino de manera general, como una forma de reprimenda a los normalistas, para buscar inhibir este tipo de acciones de protesta.

Aún así, esto sigue siendo solo una hipótesis, que deberá ser ratificada o descartada por las investigaciones que continúen en el próximo sexenio.

En todo caso, será crucial también el papel de las fuerzas armadas, y también la posición del ejecutivo, y la capacidad de los órganos oficiales de investigación del caso.

Las investigaciones del GIEI, representaron los más importantes avances que se logró sobre el caso, no obstante que también falta por armar un mapa más amplio de los hechos, que involucre no solo las acciones sucedidas esa noche, sino también la cadena de relaciones que existían, y el contexto en el que se produjeron.

Por ejemplo, uno de los temas que no se han investigado formalmente, son las relaciones del alcalde José Luis Abarca, con el Ejército Mexicano; como relata la crónica de Luis Hernández de La Jornada, citando medios locales, años atrás se tuvo conocimiento que la plaza comercial (Tamarindos) que se convirtió en fuente de riqueza para los Abarca, surgió de una «donación» de terrenos del Ejército Mexicano.

Al día de hoy, las investigaciones tampoco han podido determinar con precisión el papel que tuvo el alcalde de Iguala en los hechos ocurridos en su ciudad, y de hecho, se corre el riesgo de que pueda salir en libertad.

La justicia es lenta, pero llegará.

La lucha de las familias de Ayotzinapa, que este 26 de septiembre ha llegado una vez más al corazón de México, sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia, y también un recordatorio de la crisis humanitaria que representan los desaparecidos en nuestro país.

Mientras que por una parte se pretende normalizar, que el crimen organizado siga operando a sus anchas, y que las desapariciones sean cuestión de cada día, los padres y madres que continúan resistiendo, son un símbolo de todo lo que está mal en nuestro país, y un recordatorio viviente de que aún estamos muy lejos de ese sueño de verdad y justicia; pero lo más lamentable, es que en vez de avanzar hacia los objetivos que habían sido planteados, el país parece encaminarse hacia una era donde la milicia, rebosante de falsedad, engaños y corrupción, se ostenta como la máxima autoridad, y el verdadero poder de una nación en decadencia.

Manifestantes por los 43 de Ayotzinapa y 10 años de la desaparición forzada, queman maquetas de soldado en protesta a la impunidad militar que se declaró a lo largo del mitín.#AyotzinapaVerdadyJusticia#Ayotzinapa10años
🎥 Denisse Ureña/ @denisseure_ pic.twitter.com/8av14xO1sz

— Somos el Medio (@Somoselmedio) September 27, 2024

Imágenes: Jornada de protesta en la Ciudad de México por el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, vía: @CocteauTwiins, @LauraSanchezLey, @denisseure_