Este 9 de agosto se llevaron a cabo diversas manifestaciones y actos de protesta, en el marco de la campaña internacional #XayakalanEsDeOstula, encabezada por el pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, que está tratando de hacer valer uno de los últimos recursos legales que quedan, para evitar el despojo de mil 250 hectáreas de tierras comunales, de esta región del litoral michoacano, conocido como Xayakalan, que está siendo desincorporado por tribunales agrarios en favor de un grupo de «pequeños empresarios» de la localidad de La Placita, municipio de Aquila.

Las acciones

Una de las acciones cruciales que se llevaron a cabo, fue una protesta en la sede del 2° Tribunal Colegiado de materias administrativa y de trabajo, del décimo primer circuito, con sede en Morelia, Michoacán, que es también donde se ha presentado el juicio de amparo directo 463/2026, por medio del cual se intenta revertir la resolución del Tribunal Superior Agrario, donde se había procedido en favor de los empresarios de La Placita, desconociendo no solo la ocupación que han mantenido históricamente los habitantes nahuas de Ostula, sino también una resolución presidencial de 1964.

Al lugar se dieron cita activistas y pobladores de esta comunidad nahua, así como también la representación legal, encabezada por el abogado Carlos González, quien también ha acompañado desde hace años múltiples luchas de los pueblos originarios de México, y particularmente de quienes defienden los preceptos de autonomía sustentados en los Acuerdos de San Andrés.

El abogado, se reunió personalmente con el magistrado Carlos Darío, quien además de ser el presidente del tribunal, es también el encargado de realizar el proyecto de sentencia sobre este litigio, mismo que será presentado ante el resto de magistrados en próximas semanas, durante este mismo mes de agosto.

Al magistrado, se le entregó un documento con el detalle de las violaciones legales en el proceso, el cual deberá llegar a una resolución, a más tardar para el próximo mes de septiembre.

Debido a que la lucha legal de la comunidad de Ostula se encuentra en los tribunales, es que se ha emprendido una campaña global de visibilización de este caso, dando cuenta de las múltiples y abiertas violaciones, las cuales representan también uno de los dilemas más importantes que tiene que resolver el estado mexicano, pues se está ante un potencial atropello histórico de los derechos de una población indígena, que de forma paralela está siendo asediada y atacada ferozmente por intereses privados, y particularmente por el crimen organizado, específicamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que lleva años realizando múltiples agresiones, tratando de disolver la organización comunitaria, y de apropiarse de territorios que también resultan clave para el trasiego de mercancía ilegal.

De forma paralela a la manifestación en Morelia, habitantes de la comunidad de Ostula, también realizaron un mitin en las afueras de su comunidad, sobre la Carretera Federal costera número 200, donde han instalado de igual forma un plantón, para exigir que sea respetada la libre determinación de la comunidad.

Una lucha histórica de los pueblos originarios

Diversas organizaciones sociales, activistas, periodistas e intelectuales, se han venido sumando en semanas recientes a esta campaña, que representa uno de los dilemas más relevantes del gobierno mexicano en los últimos años.

«La hora cero se acerca para la comunidad indígena de Santa María Ostula. Una terrible injusticia puede cometerse en su contra. Hay que evitarla«, destacó Luis Hernández de La Jornada, en su crónica donde hace un recuento de las múltiples agresiones que ha sufrido la comunidad en años recientes, y que denotan una abierta guerra de intereses perversos en su contra.

Son al menos 40 comuneros de Ostula los que han sido asesinados en los últimos años, además de que al menos 6 permanecen en calidad de desaparecidos, en una localidad que hace tan solo semanas, era atacada con drones, explosivos y armas de grueso calibre de parte del crimen organizado.

El gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, de forma sospechosa ha sido incapaz de hacerle frente a las agresiones y avances del crimen organizado, y por el contrario, ha denostado de forma insistente a la localidad de Ostula, la cual, a diferencia de otras poblaciones de Michoacán que también han corrido de facto al crimen organizado y a los partidos políticos, como el caso de Cherán, en este caso no se cuenta aún tampoco con el reconocimiento de la libre determinación como pueblo originario.

Esta es también una deuda urgente, más aún tomando en cuenta que precisamente gran parte de las tierras que se encuentran en disputa, estaban hace unos años estaban en manos de los Caballeros Templarios y otras agrupaciones del crimen organizado, y fueron precisamente los habitantes de Ostula, quienes organizados y amparados en la organización comunitaria indígena, lograron recuperarlos, limpiando finalmente este territorio, y no solo de delincuencia, sino además preservando el estado natural majestuoso de este región de la costa michoacana.

«La comunidad de Santa María Ostula ha preservado más de cien kilómetros de litoral y más de 200 mil hectáreas de flora y fauna. Se trata de una contribución invaluable y digna de orgullo. Si no se defiende esa conquista, y la integridad de sus pobladores, este país carece de futuro«, reflexionó también el escritor Luis Villoro en Reforma hace unos días, como parte de los llamados urgentes que se están haciendo desde diversos ámbitos, para denunciar la gravedad de este caso, emblemático para el país entero, así como también para la lucha histórica de los pueblos indígenas.

Ante la constante embestida criminal en contra de este pueblo originario, decenas de activistas y organizaciones sociales, se han sumado también en semanas recientes, al llamado para exigir al estado mexicano, que garantice un alto al fuego en contra de esta población, la cual se encuentra en alerta máxima, y en un estado de alto riesgo por su abierto enfrentamiento con el crimen organizado.

Diversos periodistas como Heriberto Paredes de Pie de Página, también han venido documentando desde hace años, las graves irregularidades que persisten en el proceso agrario, el cual, a pesar de tener una importancia trascendental para el devenir del país, fue desestimado por la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia, que se negó a atraer el caso, permitiendo así que tribunales locales, donde es habitual y común la corrupción, sea donde finalmente se determine el destino de Xayakalan.

En todo caso, se trata de una situación que deberá de resolverse en las próximas semanas, y que pondrá a prueba el sentido de justicia y legalidad en el estado mexicano, y que podría marcar un precedente definitivo, acerca de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país.

 

Fotos: Comunicación Ostula (@COstula)