Este martes, se aprobaron en el pleno de la Legislatura mexiquense, una serie de reformas al código penal, para ampliar las penas por los delitos de extorsión y cobro de piso en la entidad.

La iniciativa, había sido presentada hace unas semanas por el fiscal José Luis Cervantes Martínez, y fue avalada por unanimidad, con lo que entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Estas modificaciones al artículo 199 bis del código penal, sancionan a extorsionadores con una pena mínima de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización, aunque también considera múltiples agravantes.

Si el delito lo cometen dos o más personas, se añadirán de 3 a 5 años de prisión; y si además el sujeto o sujetos que realicen el delito se ostentan como miembros de algún grupo delictivo, se agravará la pena de 7 a 15 años de prisión.

En caso de que el delincuente ostente además un cargo público, también se agravará la pena, con una sanción de 8 a 20 años adicionales de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días de multa.

En las modificaciones a la ley, se considera como extorsión a quien obligue a una persona o unidad económica por medio de la violencia a comprar, obtener o adquirir mercancías; así como también al hecho de obligar a vender o distribuir determinados bienes o servicios.

El hecho de imponer precios por encima de mercado, también será catalogado como un tipo de extorsión, con lo cual se busca generar sanciones más severas, particularmente en contra de integrantes de organizaciones delictivas que habían hecho de este, un modus operandi.