En comisiones legislativas de la LXI Legislatura, ha avanzado la iniciativa de ley presentada por el fiscal del estado, José Luis Cervantes Martínez, para incrementar las penas en contra de extorsionadores a comerciantes o constructores.
Esta medida, pretende combatir con mayores sanciones, estos actos de extorsión y cobro de piso, así como también los intentos de definir precios de producto, como realizan algunas agrupaciones criminales en diversas regiones de la entidad.
Según lo estipulado en el dictamen aprobado, a los responsables de este delito se impondrán penas de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida de actualización como sanción mínima.
Aunque también se están añadiendo a la ley múltiples agravantes, como el hecho de que si el delito se comete por 2 o más personas, se impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 500 a 800 días de multa.
Además, si en la comisión de este delito, el responsable se ostenta como miembro de alguna organización criminal, se impondrán penas de 7 a 15 años de prisión, además de mil 300 a 2 mil días de multa.
Todavía más grave aún, si el delito es cometido por servidores públicos, en cuyo caso se están proponiendo aumentar las penas para que sean de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días de multa.
Cabe señalar que los actos de imposición de precios de producto, que antes entraban en conceptos de «distorsión del mercado», con estas modificaciones estarían siendo consideradas como un tipo de extorsión, generando en consecuencia sanciones más severas, que además evitarían que los responsables puedan salir en libertad bajo fianza.
