Javier Garcin/Apocaliptic.com

26 de septiembre 2022.- Hoy se cumplen 8 años del Caso Ayotzinapa, un caso que no solo sigue lejos de resolverse, sino que afronta en realidad uno de sus puntos más álgidos, controvertidos y escandalosos, y que muy probablemente seguirá acentuando la incertidumbre y hasta el tono de las protestas, a medida que se sigue obstruyendo y encubriendo la consecución de la justicia; una justicia anhelada, como mínimo consuelo a la interminable falta de certeza sobre el destino de 39 normalistas.

Después de varios días de fuertes protestas, ha causado gran controversia una filtración periodística del Informe oficial de la comisión especial que nombró López Obrador para investigar el caso, lo que generó molestia y también polémica, pues nuevamente se vuelve a alterar la dinámica de las versiones oficiales, al tiempo que parece exhibirse la falta de consenso entre las autoridades judiciales, o incluso una posible lucha de poderes para desviar los caminos e intentos de llegar a la justicia.

Filtran nuevo informe Ayotzinapa; cambios en las líneas de investigación

Desde que la comisión encabezada por Alejandro Encinas hizo pública su versión de las conclusiones preliminares del caso, quedó claro que había un importante vuelco en las investigaciones, no obstante que con la publicación de más detalles sobre el expediente, se vendría a fortalecer una hipótesis, que también se estaría volviendo un dilema, no solo para las autoridades judiciales, sino para los mismos planes del poder ejecutivo actualmente en el poder.

Y es que uno de los puntos que deberían considerarse más graves y prioritarios a investigar, es el cambio en el papel de las fuerzas armadas; los militares, pasaron de ser omisos y testigos en primera fila del crimen, a ser partícipes del asesinato y desaparición de estudiantes.

Según la información que se encuentra en el reporte oficial, y de la cual se le han quitado recientemente detalles a través de la filtración, se refiere que al menos seis de los estudiantes habrían sobrevivido la noche del 26 de septiembre, pero habrían sido ejecutados al día siguiente, y sus cuerpos habrían sido desaparecidos con colaboración de militares de la 27 zona militar de Iguala.

No solo se trata de militares participando en la desaparición de estudiantes, sus cuerpos habrían sido ingresados incluso a las instalaciones oficiales del Batallón 27 del Ejército Mexicano, revelando así la colusión de altos mandos de ese mismo cuartel, donde desde hace años han intentado ingresar los padres de familia de las víctimas y manifestantes solidarios con Ayotzinapa, y que ha permanecido protegido por el estado.

Qué tan ciertas son las filtraciones

Las filtraciones en lo general parecen auténticas, pues han sido validadas por el comisionado Encinas, quien lamentó el suceso, y llamó a realizar una investigación para sancionar a los responsables.

Sin embargo, cabe señalar que se trata de una filtración parcial, al menos hasta el momento; la periodista Peniley Ramírez publicó una serie de columnas y un hilo en Twitter pegando solo algunos fragmentos que estaban testados (tachados) de la versión pública del informe presentado por Alejandro Encinas.

Aunque la periodista de El Universal, intenta darle cierta hilaridad para exponer su propia versión de los hechos, aún hay múltiples aspectos, que siguen entrando en contradicción, o sin ser totalmente clarificados.

Es importante subrayar que la versión que destaca la periodista, no es reconocida oficialmente aún como la hipótesis central de la Comisión, pues solo se han filtrado parcialmente algunos mensajes, y se trata solo de un tipo de evidencias; es decir, solo una fracción del total de investigaciones que se están llevando a cabo.

Dentro de esta versión que parece promover la periodista, se vuelve a retomar la hipótesis de que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría sido quien ordenó matar a los estudiantes, en un aparente arranque de ira, al creer que acudirían a sabotear el evento político que realizaba con su esposa al centro de la ciudad.

No obstante esta hipótesis se basa en mensajes de texto, de los cuales también es difícil tener certeza plena, pues en el documento solo se muestran como capturas de pantalla; es decir, se trata de evidencias que también pudieron haber sido plantadas o sembradas, pues se basan en parte en las investigaciones que desarrolló la PGR de Murillo Karam, es decir, la misma a la que están acusando de haber falsificado información.

Aunque también hay que señalar, que a este nuevo análisis de mensajes y llamadas realizadas entre el 26 y 28 de septiembre del 2014 entre personas ligadas al caso o sospechosas, también se hizo un nuevo aporte de información, de entidades como la SEIDO y la Guardia Nacional; no obstante tampoco se sabe aún con precisión, qué mensajes fueron obtenidos por cada dependencia.

La versión que trata de destacar la columnista de El Universal, también entra en contradicción con el testimonio de algunos partícipes de los hechos; por ejemplo, en las filtraciones se destaca una presunta plática entre la hija de Abarca, quien supuestamente habría contado esa misma noche, pormenores de lo que hacía su padre a una amiga, afirmando que este los había mandado matar; no obstante esto es algo que ha sido negado insistentemente y judicialmente por la joven señalada.

De igual forma la defensa de Tomás Zerón, niega haber tenido contacto alguno con Abarca antes de su ingreso a prisión, como se afirma en los mensajes con los cuales se pretende dar hilaridad a una versión en particular de los hechos.

Cabe señalar también que aunque en ocasiones, se emiten afirmaciones en tono un tanto concluyente, en realidad los mensajes seleccionados con pinzas (de entre más de 84 mil que conforman el expediente completo), parecieran más bien bastante confusos y sin capacidad de ser un elemento capaz de calificar un hecho de forma contundente; por ejemplo, este mensaje, donde el presunto sicario termina afirmando «yo también puedo ser chismoso», en vez de una alusión a ventilar una verdad, podría interpretarse también como un intento demostrar capacidad de declarar una hipótesis falsa para desviar responsabilidades.

Más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre de 2014, más mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido de lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos. pic.twitter.com/pdqXqYHZrp

— Peniley Ramírez 🥑 (@penileyramirez) September 24, 2022

Juez de Toluca revira, y cancela órdenes de aprehensión

De forma paralela a la publicación de estas filtraciones, también está causando polémica las determinaciones a las que llegó el juez Enrique Beltrán Santés, del Juzgado de Distrito de Procesos Penales del Estado de México, con sede en Toluca, quien canceló 21 de las órdenes de aprehensión que él mismo había girado días atrás en contra de personas indiciadas tras las nuevas investigaciones de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA); 16 de estas 21, eran en contra de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto viene a ratificar también el rompimiento o enfrentamiento que parece haber entre la figura de Gertz Manero y la comisión; pues la UEILCA, ha venido siendo desplazada gradualmente de la investigación del caso, y se han venido derribando sus solicitudes de detención, que habían sido emitidas con el objetivo de avanzar en la resolución de los procesos judiciales en curso.

Cabe recordar que la UEILCA surgió a iniciativa del gobierno de López Obrador para revisar el caso; semanas atrás, el gobierno federal afirmó que con este informe, que representa las conclusiones preliminares de la comisión, se podría avanzar hacia la detención de varios de los presuntos responsables, se habló de 85, no obstante, en semanas recientes, se habían bajado las cifras sin detallar porqué, a la par que ha habido una intensa actividad judicial, donde se ha buscado dar marcha atrás a múltiples órdenes de aprehensión.

La explicación finalmente surge, después de que al menos dos medios distintos (Proceso y El País) confirmaran que han sido canceladas por el juez de Toluca, estas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares. De esto, además de que no se ha detallado el motivo, también parece entrar en contradicción con la aparente necesidad de explicaciones de parte de las fuerzas armadas.

«Un ejército solo se mueve con órdenes»: Murillo Karam

La participación del ejército no es asunto menor, puesto que no se sabe con precisión, desde qué cadena de mando venía la orden de tomar parte de los hechos delictivos, en coordinación con la delincuencia organizada, como aparentemente sucedió. Cabe recordar, que en un inicio se negó que los militares hubieran salido aquella noche a las calles de Iguala; «Qué bueno que no salieron», señaló Murillo Karam en la famosa conferencia donde detalló la mal llamada «Verdad Histórica»; más tarde la PGR reconoció que sí salieron, pero refirió que tuvieron un papel solo de observadores cercanos de los hechos; sin embargo, ahora parece haber indicios de una participación directa en el asesinato y destrucción de los restos.

Esto resulta sumamente grave, pues si se sabía desde antes, también tendría que investigarse porqué no se informó, porqué no se sancionó, o porqué pudo haber sido encubierto, de parte de las autoridades que estaban llevando a cabo una investigación del orden federal.

Y no es la única explicación que deben las fuerzas armadas, tampoco se ha esclarecido por qué había al menos dos militares infiltrados en la normal de Ayotzinapa, incluyendo uno que terminó en la lista de 43 desaparecidos,  por quien nunca se implementaron los protocolos establecidos de rescate; ni tampoco cual fue el papel que tuvo Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería del ejército mexicano, con sede en Teloloapan, Guerrero, que es también un alto mando cuya orden de captura ha sido cancelada por el juez de Toluca.

Obtener una serie de órdenes de aprehensión relevantes, era uno de los presuntos «mayores logros» de la nueva comisión que representa los esfuerzos de la 4T por resolver el Caso Ayotzinapa; no obstante la súbita cancelación de estos aparentes logros, de parte de autoridades judiciales, parece ser una contradicción importante, o quizá una lucha de poderes por encubrir algo.

Cabe señalar, que también se habrían cancelado las órdenes de detención contra otros actores clave de esta trama de encubrimiento de la verdad, incluido el personal de la Fiscalía Estatal de Justicia de Guerrero, que desapareció evidencia clave (incluidas grabaciones de la cámaras de seguridad) acerca del levantamiento de un grupo de estudiantes a pocos metros de su sede en Iguala.

Diferentes organizaciones sociales que acompañan la lucha de las familias de Ayotzinapa, siguen insistiendo en la necesidad de continuar las investigaciones y de llamar a consultas a todos los partícipes y probables responsables del caso.

¿Será que la FGR actúa por consigna, buscando proteger compromisos e intereses anteriores a este sexenio? o también queda la duda si en este mismo sexenio de López Obrador, quizá están cambiando de parecer, al ver que el resultado de sus investigaciones, dan al traste con su plan de querer mostrar a los militares mexicanos, como un ente impoluto y confiable, a quien pueden confiar la seguridad pública de un país entero.

Son interrogantes que merecen responderse, y que seguirán también exigiéndose en las calles, como parte de la incesante necesidad de justicia y verdad.