*El fiscal debe comparecer ante diputados para dar explicaciones, recomienda el organismo defensor de los Derechos Humanos.

Juan Carlos Lara Escobedo/Apocaliptic.com

Toluca, Edoméx, 23 de septiembre de 2021.- En su investigación “Juicio a la Justicia”, Amnistía Internacional (AI) concluye que las deficiencias en las investigaciones de desapariciones y feminicidios por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezada por Alejandro Jaime Gómez Sánchez, facilita que estos casos queden impunes.

En su informe, el organismo internacional defensor de los Derechos Humanos acredita la falta de investigaciones, la pérdida de evidencias, el mal manejo de la escena del crimen y una mala aplicación de la perspectiva de género por parte de la Fiscalía para la atención a la Violencia de Género del Edoméx y la Propia Fiscalía General de la entidad.

Amnistía Internacional también observa la “revictimización de los/as familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, además de ser una problemática en sí misma que causa un daño adicional a quienes buscan justicia, conlleva impunidad, porque despoja a las familias de oportunidades para seguir la investigación, maltratando su situación económica y su salud física y mental”.

Por todo lo anterior AI lanzó una serie de recomendaciones que incluyeron a la Legislatura del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos, así como a FGJEM y al propio gobierno federal.

A la Fiscalía mexiquense le recomienda, entre otras cosas, incrementar el equipo de peritos y peritas asignados a la Fiscalía de Género, de forma que tengan capacidad para asumir las primeras diligencias de casos de desapariciones y feminicidios. Incrementar el equipo de agentes del Ministerio Público y policías de investigación de las Fiscalías Especializadas en Feminicidio y Desapariciones, así como Crear una unidad de análisis (o reforzar otra unidad ya existente) con profesionales especializados en el análisis de datos (análisis georreferencial, análisis de video, etc.) que responda a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y con la que los/as agentes del Ministerio Público y policías de investigación puedan tener un contacto directo.

Mientras que a los diputados del Estado de México les aconseja Solicitar formalmente la comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado de México ante la Legislatura del Estado de México para exigir la rendición de cuentas y la información sobre la calidad de las investigaciones sobre feminicidios y desapariciones.

Amnistía Internacional también recomienda que la Legislatura del Estado de México garantice que la Fiscalía General de Justicia, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, al tiempo de asegurar que la FGJEM y la Fiscalía para la atención a la Violencia de Género cuente con la infraestructura necesarias para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

Lo anterior, entiende AI pasa por asignar presupuestos apropiados y suficientes para las funciones encomendadas a la FGJEM. “Especialmente, se requiere garantizar que la Fiscalía disponga de los recursos necesarios para aplicar el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio del Estado de México, el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, el Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba”, señala la recomendación.

Tanto a las autoridades federales como estatales AI les sugiere, haciendo eco de la Recomendación General número 35 del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que se proporcionen reparaciones efectivas a las víctimas de la violencia por razón de género contra la mujer. Las reparaciones deberían incluir diversas medidas, como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación completa, y la satisfacción y garantías de no repetición. Tales reparaciones deben ser adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño sufrido.