Un grupo de organizaciones sociales, colectivos y actores jurídicos del Estado de México difundió un comunicado en el que fija su postura sobre las recientes reformas a la Ley de Amnistía estatal.

El pronunciamiento está firmado por Haz Valer Mi Libertad, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el Colectivo Juntos por la Libertad, la Organización Lázaro Cárdenas, el Frente Social de Cuautitlán Izcalli y el despacho Jiménez Torres Abogados, agrupaciones con trayectoria en la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a personas privadas de la libertad.

Respaldo a los cambios legales

En el documento, las organizaciones expresan una valoración favorable de las modificaciones aprobadas. Señalan que la iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo y discutida en el Congreso local, ha permitido colocar el tema en la agenda pública.

A su juicio, la reforma representa un avance para atender problemas relacionados con el acceso a la justicia y la revisión de casos que podrían haber estado marcados por irregularidades.

Revisión de posibles injusticias

Uno de los ejes del posicionamiento es la situación de personas que permanecen en prisión y que, de acuerdo con los colectivos, podrían ser inocentes o haber enfrentado procesos con deficiencias.

El comunicado subraya la necesidad de revisar expedientes y fortalecer mecanismos que permitan detectar casos en los que no se haya garantizado el debido proceso, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Llamado a las autoridades

Las organizaciones hacen un llamado a diversas instancias del Estado de México, entre ellas autoridades judiciales, organismos de derechos humanos y dependencias de procuración de justicia.

El exhorto plantea reforzar la coordinación institucional mediante mesas de trabajo que faciliten la revisión de casos y, en su caso, la posible liberación de personas que cumplan con los criterios previstos en la ley, siempre dentro del marco jurídico.

Papel de la sociedad civil

El posicionamiento también destaca el rol de la sociedad civil en el seguimiento de estos procesos. Los firmantes indican que continuarán acompañando casos para garantizar la protección de personas inocentes, sin dejar de lado la sanción de delitos cuando exista responsabilidad comprobada.

Asimismo, señalan la importancia de impulsar mecanismos legales accesibles, en particular para sectores con menos recursos, con el fin de avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo.

Aunque reconocen los avances legislativos, las organizaciones advierten que el principal reto estará en la implementación. La revisión efectiva de casos, la coordinación entre instituciones y la capacidad operativa del sistema serán factores clave para que los cambios se traduzcan en resultados concretos.